El pasado 14 de junio, el portal de Aristegui Noticias publicó un reportaje firmado por Diego Enrique Osorno e Irving Huerta, en el cual se señala que el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, integró junto con Eviel Pérez Magaña, actual subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, una presunta red de negocios fantasma para desviar recursos, para la cual usó nombres de pobladores humildes como falsos compradores de casas, con el fin de introducir en el sistema bancario al menos 33 millones de pesos en efectivo.
Tres días antes, en su colaboración para el diario Más por más, Osorno señaló que pudo conocer desde hace varias semanas que un “porro” había sido contratado para darle una golpiza a causa de las investigaciones que llevaba a cabo para el reportaje de referencia. Por lo anterior, presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Oaxaca y también comunicó su situación a la organización Artículo 19.
En la alerta que levantó al respecto, Artículo 19, organización acostumbrada a imprimirle un matiz político a los casos que toma a su cargo, no se concreta a exhortar a las autoridades que investiguen los hechos, sino que incluso les indica por dónde deben dirigir las indagatorias. En ese sentido refiere que Osorno formó parte de la Comisión de la Verdad que investigó los hechos violentos del 14 de junio de 2006, cuando a la luz de otro conflicto magisterial, se enfrentaron en la capital oaxaqueña fuerzas federales, profesores y organizaciones sociales que los respaldaban. La ONG considera que esta circunstancia cobra vigencia ante el clima de tensión que se vive en Oaxaca con motivo de la aplicación de la reforma educativa.
El pasado fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, el escritor y articulista Fabrizio Mejía Madrid expresa su solidaridad a Osorno y apunta que su caso sí es una alerta real y no como la de “el empleado de Serrano”, en alusión al periodista Héctor de Mauleón y al actual secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés.
Cabe recordar que recientemente Héctor de Mauleón fue objeto de amenazas con motivo de las investigaciones que realizó respecto a la invasión de predios en la colonia Condesa por parte de la Asamblea de Barrios. Y para etcétera, cualquier amenaza al trabajo periodístico, debe ser investigada por las autoridades, trátese de quien se trate.
Desconocemos cuáles son las diferencias de Fabrizio Mejía Madrid con Héctor de Mauleón y sus bases para vincularlo al funcionario capitalino, pero éstas no deben ser excusa para desestimar las amenazas en su contra y mucho menos justificarlas. Eso sólo refleja una profunda mezquindad.
Y otro tanto aplica para Artículo 19; si para recibir la atención de esta organización, hay que tener una militancia partidista determinada, entonces no estamos ante un ente defensor de la libertad de expresión, sino ante un organismo de facción.
