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En su enésimo informe de labores que pronunció ayer desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador deslizó su aceptación en el sentido de que no hay condiciones para que la reforma eléctrica pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados el próximo domingo 17 de abril tal como él pretendía el 30 de septiembre del año pasado, cuando remitió la iniciativa de reforma constitucional a la cámara baja. En los días recientes se ha despejado cualquier duda sobre la forma en que votarán los diputados de las bancadas opositoras a las bancadas de la Cuarta Transformación, que será un voto en contra de la reforma propuesta. 

De hecho, no solo se ha aclarado el sentido del voto, también se percibe mucho más claridad y determinación en los posicionamientos de los diputados de oposición en contra del agandalle que significa la reforma eléctrica planteada por el presidente López Obrador y que en la etapa de elaboración del dictamen que debía ser sometido a consideración de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, las dos comisiones dictaminadoras, sufrió algunos cambios menores, para corregir cuestiones de técnica legislativa y para tratar de aclarar los cambios planteados con relación al litio.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La descalificación sistemática en contra de los legisladores de oposición, impulsada por el presidente de la república, replicada por muchos de sus legisladores afines, y reforzada en diversos momentos por Manuel Bartlett y sus principales directivos en la CFE, combinado con el hecho de que ni una sola de las modificaciones a la Constitución Política propuestas por el titular del Ejecutivo, es medianamente razonable o está soportada por las mejores prácticas internacionales en materia de regulación del sector eléctrico, y que lo mismo ocurre con artículos transitorios que forman parte de la iniciativa propuesta por el presidente, han provocado que no haya condiciones para que esa iniciativa pueda ser aprobada con las dos terceras partes de los diputados que conforman la LXV Legislatura, ni siquiera modificando la mitad de lo que propuso el presidente, para poner un ejemplo de la inviabilidad de su discusión.

Digo que deslizó su aceptación de que su reforma no podrá ser aprobada, porque en su discurso señaló que “…informo, también para tranquilidad de los mexicanos, que si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica, por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato, al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera que sólo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores, para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros, y me consta, sólo podrá mediante esa reforma ser explotado por el estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación…”.

Con ello, está claro que ya anticipa que en caso de que la reforma constitucional regresiva y sin sentido lógico, que generaría efectos nocivos sobre el futuro del sector eléctrico en nuestro país, y con ello, consecuencias indeseables en perjuicio de los hogares de nuestro país, por el simple hecho de poner en manos de burócratas de la CFE las decisiones clave para el desarrollo y funcionamiento del mercado eléctrico, y que adicionalmente, generará una importante e injustificada presión sobre las finanzas públicas del sector público, que terminarán siendo asborbidas por los contribuyentes mexicanos, no sea aprobada con la mayoría calificada que se requiere para los cambios constitucionales, entonces, al día siguiente, el lunes 18 de abril, enviará una iniciativa de reforma a la Ley Minera para incorporar ahí su obsesión por nacionalizar la explotación del litio en nuestro país, que para ser aprobada solo requiere mayoría simple, misma que tiene sólo con los votos de sus bancadas afines.

No deja de sorprender, a pesar de que ya han transcurrido más de tres años de que inició la administración del presidente López Obrador, que siga utilizando recursos retóricos para descalificar a sus adversarios, en este caso los legisladores de oposición a quienes ya les adjudica los calificativos de entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios. Bajo esa reiterada forma de afectar negativamente el ambiente político bajo el que tiene lugar algún debate público o proceso legislativo, como es el caso, sembrando insidia en contra de los adversarios y diviendo a los mexicanos en los que están con él y los traidores, no hay forma de que ocurra una discusión parlamentaria virtuosa que resulte en cambios positivos para el bienestar futuro de todos los mexicanos. 

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Obvio, para tratar de minimizar la sensación de fracaso, el presidente, al igual que los legisladores y muchos voceros de la 4T, se empeñan en afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada el año pasado, en la última etapa de la legislatura anterior, aprobó la constitucionalidad de dicha ley reformada. Ello es absolutamente falso. Ya sabemos que no se alcanzaron los ocho votos que se necesitaban para que la SCJN declarara como inconstitucional dicha reforma, pero no se puede perder de vista que siete ministros se pronunciaron en ese sentido, contra cuatro que se pronunciaron en sentido contrario. Es cosa de tiempo que los juicios de amparo que ya están en curso en contra de dicha ley desemboquen en que se resuelvan a favor de quienes los promovieron, ya sea en tribunales, o bien, en la segunda sala de la Corte. 

Así que lo único que ocurrió es que la derrota para ese otro agandalle legislativo se aplazara por cierto tiempo, pero es irremediable que ese será el destino de dicha reforma. Por lo mismo resulta no solo increíble, sino irresponsable que se empeñen en afirmar lo que no es verdad.

A manera de conclusión, estamos frente al anticipado desenlace de una iniciativa que por el grado de regresividad y de agandalle en contra de la inversión privada, pero sobretodo del cambio irreflexivo que va en contra del futuro de los mexicanos, estaba condenada a encallar. No tengo duda que así será.

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