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La inauguración, en la conferencia Mañanera, de la sección Quién es quién en las noticias falsas es un paso en falso de la presidencia de la República.

Lo es porque profundizará su enfrentamiento con los medios de comunicación y envenenará aún más la discusión pública, robusteciendo la polarización e impidiendo la construcción de los elementos indispensables para la gobernabilidad democrática.

Es errática, porque los procesos de verificación de las noticias requieren de cuidado, no pueden ser improvisados y en ellos tiene que existir rigor.

Desde el 15 de septiembre de 2016, la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN), lanzó un código de principios que ilustra el trabajo que hacen una centena de organizaciones y medios alrededor del mundo. Sí, no cualquiera puede ostentarse como verificador.

El primer compromiso de quienes integran el IFCN es el no tener compromiso partidario, esto es, tienen que estar alejados de las disputas políticas o económicas que suelen estar inmiscuidas en las búsqueda de determinar las agendas mediáticas y de sacar provecho de ellas. Por ello, solo las evidencias pueden dictar las conclusiones sobre la verificación de las informaciones.

Transparencia de fuentes para que los lectores puedan constatar, por ellos mismos, los hallazgos, con la excepción de la seguridad de las fuentes en situaciones especiales.

El financiamiento de la organización tiene que ser claro y hay un compromiso de que los donantes no tengan influencia alguna en los procesos de verificación y en las decisiones que se toman al respecto.

Transparencia de la metodología para que los lectores conozcan los procedimientos para investigar, escribir, publicar y aclarar las verificaciones de hechos.

Hay un compromiso de correcciones abiertas y honestas ya que las verificaciones no son infalibles.

Ninguno de estos postulados los cumple el ejercicio de Quién es quién en las noticias falsas, con la excepción del financiamiento que evidentemente es público, aunque ello generará otro tipo de problemas en el futuro por lo que respecta a la libertad de expresión y a las garantías que se requieren para ejercerla.

Los gobiernos, el poder político, no debe inmiscuirse en la calificación del trabajo que hacen los medios de comunicación. Pueden corregir y aclarar, por supuesto, pero dentro de procedimientos que no abran la puerta a una especia de tribunal sobre la opinión pública.

Por supuesto que no pueden ser verificadores, porque por regla general las informaciones que se publican se refieren a ellos y a sus proyectos.

Si en realidad quisieran impulsar una mejor calidad de la información tendrían que hacerlo proporcionándola, abriéndose a nuevas vocerías, dejando que los técnicos hagan su trabajo. Pero no se trata de eso, sino de denostar a quienes son molestos por lo que revelan o por sus críticas.

Quién es quién en las noticias falsas es el reflejo del extravío de la administración del presidente López Obrador en lo que respecta a su relación con los medios de comunicación, pero sobre todo con los periodistas.

La molestia con la prensa es porque no se pliega a los deseos de una narrativa que se impulsa todas las mañanas y que tiene como propósito el establecer un diagnóstico hegemónico sobre la vida pública.

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