El 75 por ciento de los homicidios dolosos está relacionado con la rivalidad criminal. Este es el diagnóstico del presidente López Obrador, que seguramente está sustentado por análisis de las secretarías de la Defensa y de Seguridad.
Es una lectura correcta, pero tiene una particularidad: eso ya se sabía desde la administración del presidente Felipe Calderón, quien siempre insistió en que los detonadores de la violencia eran los criminales.
Es relevante porque desmota la teoría de que eran las fuerzas del estado las culpables de lo ocurrido desde entonces. Por supuesto que no. Es más, la acción de la Policía Federal, del Ejercito y la Marina fue lo que impidió un deterioro más profundo.
El dilema, entonces, es cómo actuar ante esta situación en el presente. En el pasado se llegó a la conclusión de que había que enfrentar sobre todo a las bandas más violentas y poderosas y por ello se logró el debilitamiento de grupos como Los Zetas o la ruptura en el cártel de Sinaloa con el desprendimiento de los Beltrán Leyva.
Era una estrategia arriesgada, porque en algunos casos surgieron células muy peligrosas y poco controlables en algunas regiones del país. Pero en crisis de seguridad nada es sencillo y todo tiene consecuencias, aunque la peor es no hacer nada o dejar pasar el tiempo.
En el periodo del presidente Enrique Peña Nieto se utilizó a los grupos de autodefensa, en Michoacán, para intentar borrar del mapa a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Si bien se recuperó territorio y se llevó a prisión a los perpetradores más relevantes de la violencia, muchas de las autodefensas se convirtieron en grupos delincuenciales o inclusive ya lo eran. Lo que ocurre en Aguililla es un esbozo de los remanentes de esa situación.
En la actualidad estamos ante un contexto similar, pero la determinación de bajar la intensidad en el combate a los grupos del crimen organizado está generando problemas aún más complejos.
Es lo que ocurre en Guerrero y en Oaxaca, donde los bandidos ya disputan el control de la venta de productos en los mercados de abasto, pero lo hacen de manera visible y amenazadora.
Sí, es una situación que viene del pasado, como se prueba en los casos de la producción de limón y de aguacate en Michoacán, donde las extorsiones ya han generado disrupciones inclusive en los precios de los productos.
Pero los reproches hacia atrás ya no están funcionando por dos motivos. La estrategia del gobierno actual no está funcionando y a la mitad del sexenio ya es cuesta arriba el insistir en el que se hizo o no se hizo antes y más aún si no hay mucho que presumir.