Cada día crece más el rechazo a los libros de texto gratuitos impuestos por López Obrador, Luciano Concheiro, Marx Arriaga y su asesor castrochavista Sady Loaiza.
Más allá de sus contenidos sectarios, apologistas de la polarización y basados en dogmas, la construcción de estos libros se ha llevado a cabo en medio de un proceso al vapor y sin el respaldo de especialistas, tal y como lo marca la ley.
En el párrafo 4º del Artículo 22 de la Ley General de Educación y en el Artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Innovación en los Materiales Educativos Impresos, se establece con claridad que los libros de texto deben cumplir con los planes y programas de estudio de la SEP. Es decir, por lógica, primero deben existir planes y programas de estudio, y luego deben elaborarse los libros de texto.
En apego a la ley, los libros de texto deben basarse en planes y programas de estudio y ser sometidos a consulta con especialistas y con la sociedad, pero el propio Presidente ha reconocido que “todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio”. De las consultas, mejor ni hablamos.
El proceso no ha podido ser más opaco, la SEP reservó la información sobre las asambleas para elaborar los libros de texto y los planes de estudio por cinco años. Oficialmente, no sabemos ni siquiera quiénes construyeron los contenidos, ni que criterios utilizaron.
La elaboración e impresión de los libros de textos del obradorato, es claramente ilegal. Con justa razón, se han presentado amparos para frenar su entrega el próximo ciclo escolar 2022-2023 que inicia este mes.
Desde mayo pasado, un juzgado federal otorgó una suspensión definitiva que ordena al gobierno frenar la impresión o distribución de los libros de texto gratuitos, a menos que se revisen plenamente los programas educativos, pero mañosamente, la autoridad no se da por enterada de la resolución.
Se ha emplazdo a la SEP a cumplir con esta suspensión emanada de un juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, pero López Obrador, fiel a su costumbre, abre la puerta a un nuevo desacato judicial. Anuncia que la distribución de los libros de texto ‘va porque va’, y miente al asegurar que “no hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan”.
Por orden judicial, la SEP debía informar sobre los mecanismos que implementó para construir los contenidos de los libros, sin embargo, la dependencia presentó un recurso de revisión que se encuentra pendiente por resolver.
Este 2 de agosto, la SCJN recibió una petición para atraer y revisar la suspensión definitiva. En los próximos días, la Corte deberá definir si atrae o no el asunto; de hacerlo, es posible que el amparo demore en ser resuelto hasta un año más. Mientras tanto, los libros serán distribuidos en todo el país, a excepción de Jalisco, Chihuahua y Guanajuato; estados que han presentado recursos legales para evitar que se utilicen estos textos.
La SEP asegura que cientos de profesionales de la educación participaron en la elaboración de los contenidos, pero no sabemos quiénes son, ya que toda la información sobre los libros y los planes de estudios ha sido reservada como si fuera un asunto de seguridad nacional.
El tener a cientos de docentes desconocidos redactando contenidos sin una coordinación técnica clara, provoca que los libros de texto se conviertan en un simple cúmulo de relatos, experiencias, lugares comunes, cuentos, creencias y anécdotas, sin el rigor académico que exige la ley y hasta el sentido común.
En diciembre, cuando se den a conocer los resultados de la prueba PISA 2022, sabremos el tamaño de los daños que provocó la pandemia de COVID a nuestro sistema educativo. Si la ilegal imposición de los libros de texto del obradorato no es frenada, los efectos de la pandemia sólo serán la antesala de una severa crisis que lamentaremos por generaciones.
La educación debe ser un espacio donde se fomente el pensamiento crítico, la apertura a diferentes perspectivas y la formación de ciudadanos responsables y conscientes. Cualquier esfuerzo por imponer una línea de pensamiento ignorando la pluralidad de ideas, guste o no, se llama adoctrinamiento.
