Nunca se sabe dónde quedarán las marcas de la historia. Supongo que Genaro García Luna nunca imaginó que la detención de una supuesta banda de secuestradores terminaría por marcar su carrera y la de la propia Agencia Federal de Investigación (AFI) de modo más que negativo.
Para Carlos Loret resultó un momento periodístico envidiable: tenía en directo un proceso de rescate, una acción de la autoridad que parecía eficaz.
Todo aquello fue un desastre, es verdad, pero conviene tener presente cómo es que se hace un noticiero de televisión, en donde los márgenes de tiempo son bastante acotados.
¿Transmitir o no transmitir? Claro, con el paso de los años todos pensamos en el debido proceso y eso está bien, pero aquella mañana en el Ajusco hay que verla desde otra perspectiva y ella no puede ser la condena al trabajo de los periodistas.
Aclaro lo siguiente: celebré el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Florence Cassez. Escribí varios textos al respecto en su momento. Nadie, en efecto, puede ser sometido al escarnio público.
Cassez alcanzó su libertad por ello, porque existió un “efecto corruptor” que impidió un juicio justo. Los otros implicados también deberían estar fuera de la prisión.
Pero el expediente Cassez está de nueva cuenta en la agenda y no por los mejores motivos. Un juez ordenó la comparecencia de Loret, aunque será remota, para que proporcione datos sobre la cobertura televisiva que hizo de la detención.
La defensa de Israel Vallarta, uno de los implicados, ha insistido sobre la necesidad de la participación de Loret en el juicio. Pretenden establecer la misma narrativa bajo la que Cassez fue liberada.
Todo esto no debe hacernos perder de vista el contexto en que Loret es llamado a comparecer y cuando las presiones en su contra han ido en aumento por el trabajo periodístico que realiza.
Por lo demás, Loret no es responsable de montaje alguno. Las cosas que ocurrieron fueron minuto a minuto y él no tenía por qué saber si los agentes de la AFI estaban armando una trama que al final resultó un búmeran.
Las decisiones periodísticas que tomó Loret hay que valorarlas en el contexto debido y no sólo por lo que resolvió la SCJN años después.
En todo caso, la responsabilidad evidente fue de las autoridades, quienes tenían el deber de comportarse con apego a la legalidad y sin vulnerar los derechos de las personas en ese momento capturadas.
Hay un antes y un después en las rutinas de los fiscales y los policías desde que los ministros resolvieron que Cassez no podía ser juzgada por el hecho de que nunca estaría en capacidad de establecer una defensa.
Mucha tinta ha corrido y correrá, porque existe el interés de colocar a Loret contra las cuerdas. Utilizan el asunto para tratar de descalificar lo que ahora reportea y con enorme éxito. No les interesa Cassez ni el debido proceso, más bien tratan de amedrentar a quien informa e indaga. No lo lograrán: es un reportero de raza.
El tema, en todo caso, debe servir de ejemplo para los periodistas, que deberán tener siempre presente cómo se las gastan las autoridades (las de antes y las de ahora) cuando les conviene.
