No es ninguna novedad: la medicina institucional en México, representada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por diversas circunstancias ha experimentado un progresivo deterioro desde hace varios sexenios, el que se ha agudizado desde el inicio de la llamada 4T al haberse recortado, en términos reales, el presupuesto destinado al Sector Salud y al mismo tiempo ampliado la cobertura sin incrementar de manera suficiente los recursos hospitalarios, equipo médico y personal. Lo anterior ha ocasionado que los indicadores de diferimiento en consultas, programación de cirugías y recetas no surtidas se hayan disparado a niveles nunca vistos.
El IMSS nació oficialmente el 19 de enero de 1943 como respuesta a la necesidad de otorgar atención médica a la población trabajadora. Vale recordar que antes de la existencia del IMSS la atención médica corría por cuenta del patrón y la Virgen de Guadalupe, lo cual equivale a decir que virtualmente no existía.
El nacimiento del IMSS no fue fácil: desde su inicio enfrentó rechazo y bloqueo por parte de los segmentos patronales de esa época, ayudados, para colmo de las vergüenzas, por algunas centrales sindicales, incapaces de entender el concepto de seguridad social. Actualmente nadie duda de la importancia del IMSS, que es, con mucho, la mayor institución médica de México. A 80 años de su fundación, atiende casi 74 millones de derechohabientes. Pero con la reciente reforma aprobada por el Legislativo, al desaparecer el fantasmal Insabi se le sumarán otros 12 millones. ¿Recursos e infraestructura suficiente para atenderlos? Los que hay, y háganle como puedan.
Por su parte, el ISSSTE, que nació el 30 de diciembre de 1959, se encarga de brindar servicios de salud y seguridad social a los trabajadores del Estado. El número aproximado es de 13.5 millones. El ISSSTE, al igual que el IMSS, ha sufrido serios problemas que han afectado la calidad de la atención médica.
Un grave problema compartido por ambas instituciones es el generado por la incompetencia de improvisados funcionarios de nivel central, que sin una razón válida obstaculizaron (y lo siguen haciendo) la adecuada compra de medicamentos en cantidad y tiempo oportunos, lo que ha hecho que el panorama de la medicina institucional se ensombrezca aún más. Dicho en pocas palabras: el deterioro de la medicina institucional tiene nombre y apellido, y estos son Incompetencia y Corrupción. Para empeorar el panorama, la sobrecarga laboral en ambas instituciones ha llegado a niveles alarmantes que los directivos no quieren ver, mucho menos resolver. Aunque debemos aceptar que a su nivel poco pueden hacer; las decisiones vienen del nivel central, y no son dictadas precisamente con conocimiento ni sensatez.
Lo anterior ha llevado a muchos ciudadanos a recurrir a la medicina privada, utilizando desde los razonablemente baratos consultorios de algunas cadenas de farmacias, hasta los grandes hospitales privados con costos prohibitivos, capaces de arruinar la economía más sólida al manejar cobros que superan el medio millón de pesos por día.
Es evidente que la medicina privada —hablando de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y unidades de terapia intensiva— no es una solución viable para el problema de la salud en México. Sencillamente, la inmensa mayoría de los mexicanos no disponen de los medios económicos suficientes para pagar por ella.
Es por eso que resulta imperativo que el gobierno y las autoridades competentes tomen medidas adecuadas para mejorar la deteriorada situación de la medicina institucional en México. Es necesario aumentar el financiamiento y los recursos destinados a la salud, contratar, de una manera expedita, ágil y adecuada, el personal necesario para en las unidades hospitalarias, mejorar la calidad y eficiencia de su personal administrativo y combatir la corrupción de los altos niveles. Hacer realidad el viejo y olvidado lema institucional de brindar una atención con calidad, oportunidad y relaciones humanas.
Es prioritario que tanto los ciudadanos como funcionarios y líderes políticos se den cuenta de la importancia de la salud como un derecho fundamental, que se deje de utilizar al IMSS y al ISSSTE como herramienta electorera o, peor, como “caja chica” para gastos del partido en el poder, como ha sido tradicionalmente desde hace decenios. No menos importante es fomentar la conciencia sobre la importancia de la prevención y el autocuidado, para reducir la carga de enfermedades que pesa sobre el sistema de salud. Dar la importancia que se merece a la medicina preventiva, tradicional patito feo de la medicina tanto privada como institucional. No hay otro camino.
¿Atención médica mejor que en Dinamarca? Por favor, eso es una broma cruel. Es burlarse de los ciudadanos.
