¿Se puede gobernar con base en mentiras? La pregunta es relevante en estos momentos en que nos damos cuenta de que nuestro presidente ha dicho varias en lo que va del sexenio, algo que hace recordar lo dicho por Alexander Pope: “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”.

Miente que algo quedará

Del 3 de diciembre de 2018 al 10 de julio de 2020, Spin Taller de Comunicación Política encontró que en las conferencias mañaneras se habían pronunciado 20 mil 715 afirmaciones no comprobables y mil 563 falsas.

Esto es una muestra de la manera en que se da la comunicación política del presidente de la República, en un modelo en el que la improvisación manda y en el que la participación de asesores brilla por su ausencia, en algo más cercano al individualismo que al trabajo en equipo que requiere un gobierno.

Esto se traduce en que el presidente miente, así de simple. No sabemos si por decisión propia, por error en su modelo de gobernar o por estar secuestrado en una burbuja en la que no le permiten tener contacto con el mundo real.

Los ejemplos son muchos y pese a que no hablamos de temas como las menciones a columnistas –uno de los cuales, Raymundo Rivapalacio ya ha respondido–, o a la inseguridad –como demostró Jorge Ramos–, hay otros que son de interés. Veamos.

Pese a las evidencias, basadas en números de instancias oficiales del propio gobierno federal, el presidente aseguró que las protestas de las mujeres en contra de la violencia de género son obra de sus opositores políticos y que “decían que iba a haber violencia intrafamiliar (por la pandemia), y no la hubo”, a pesar de que las estadísticas de su propia administración decían otra cosa.

Acerca de las llamadas mediante las cuales se denuncia la violencia contra las mujeres, dijo que “el noventa por ciento de esas llamadas… son falsas”, pese al récord de más de 26 mil reportes a los centros de emergencia.

El 18 de noviembre sumó dos mentiras más al repertorio. La primera: “Lo puedo decir ya, se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando”, dijo, pero la carta de renuncia de Jaime Cárdenas Gracia apunta en un sentido distinto: “Encontramos, al inicio de nuestra función, probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional como mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, así como conductas de servidores públicos contrarias a las normas”.

Desde luego que esto se suma a las denuncias en contra de la directora de la Conade, así como las que provocaron la renuncia del superdelegado en Jalisco, la remoción que se hizo –pues ya trascendió el motivo– del anterior director del Indep, o la irregularidad que dio a conocer en su columna Iván Calderón en medios veracruzanos: “Distintos constructores han dado a conocer que el ingeniero Ángel Obando Vargas otorgó estos fallos sin el consentimiento de sus superiores, con el propósito de beneficiar a empresas con las que estableció acuerdos a cambio de comisiones”, a propósito de los fallos de las licitaciones LO-009000938-E54-2020 y de la LO-009000938-E55 de la Residencia General de Carreteras Federales.

La segunda: “desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó el moche”. El columnista jarocho ejemplifica que esto no es así al comentar en su espacio el pasado 23 de septiembre, “se dio conocer que Salas Contreras sostuvo en encuentro en distintas ocasiones con Obando Vargas, incluso, el primero solicitó a un grupo de constructores que participaran en licitaciones en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, prometiéndoles que se verían beneficiados”.

También se puede cuestionar entonces qué significan los 24 contratos que la familia Hank Rhon, por más de 7 mil millones de pesos, ha obtenido con el actual gobierno, de acuerdo con información de Proceso, así como con las acusaciones de que el senador de Morena, Armando Guadiana, está detrás de compras de carbón para la CFE, siendo él un productor de dicho insumo.

De igual manera, la nota de Quinto Lab acerca de que a través de 92 instituciones federales, 171 empresas fundadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 fueron beneficiadas con 561 contratos del gobierno.

Otro ejemplo es la manera en que se refirió a la portada de Reforma en la que se da a conocer que en el país ha habido 45 masacres. El presidente aseguró que ya no ocurren desapariciones, actos de tortura y masacres, pero Amnistía Internacional refutó esa aseveración al recordar que desde diciembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2020 se han tenido 11 mil 653 personas desaparecidas y no localizadas, al menos una masacre en Nuevo Laredo pocos días antes del informe de gobierno, y un aumento de 5.4% en feminicidios en 2020 respecto a 2019.

“Para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar,  aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia”, señaló Amnistía Internacional.

Otro tema en donde hubo una mentira flagrante del presidente es lo del avión presidencial. Aseguró que esa aeronave “no la tiene ni Obama”, pero el costo por renovar el famoso Air Force One en la administración Trump asciende a 3 mil 200 millones de dólares, cifra que hay que comparar con la que la presidencia de Felipe Calderón destinó a la compra del José María Morelos: 218.7 millones de dólares.

Claro que nadie repara que el avión presidencial del presidente ruso Vladimir Putin tuvo un costo de 500 millones de dólares y que se distingue de naves de otros mandatario por los lujos, como sala de juntas o áreas de descanso.

Por falta de espacio no abundamos, pero lo cierto es que el presidente –en aras de mantenerse en el escenario público– es capaz de decir cualquier cosa con tal de llenar el espacio de sus mañaneras.