El sábado 22 de julio, mientras la ciudad de Oaxaca estaba volcada hacia el festejo de la Guelaguetza, el congreso del estado extinguía de un plumazo el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, en una sesión de menos de 10 minutos de duración y sin que el dictamen pasara a comisiones, con 33 votos a favor y uno en contra aprobaron eliminar este órgano autónomo para en su lugar, crear el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la corrupción del Estado de Oaxaca.
En alarde de prepotencia, al tiempo que se llevaba a cabo la sesión del congreso, elementos de la policía de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), realizaba un operativo para resguardar el inmueble sede del Tribunal, y es que el ejecutivo local, el nuevo gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, apenas en mayo pasado había expresado su deseo de que mediante reformas constitucionales se extinguiera este órgano, pues acusaba que los magistrados que lo encabezaban estaban al servicio del PRI y protegían a ex funcionarios del gobierno de Alejandro Murat; y cumplió su amenaza.
Para cerrar con “broche de oro” el atropello, en segunda sesión extraordinaria, ahora de 15 minutos de duración, los diputados del congreso aprobaron el nombramiento de los nuevos comisionados que integrarán el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y de “combate a la corrupción”, quiénes ya se encontraban en la sala y que por supuesto, habían sido propuestos por el propio gobernador Salomón Jara.
Es fundamental resaltar que el Tribunal extinguido era el órgano encargado de supervisar la rendición de cuentas del gobierno estatal, de realizar la fiscalización de los recursos que aplica, así como de combatir la corrupción, de modo que, si los nuevos magistrados son propuestos por el gobernador, de ninguna manera cuentan con independencia y quizá, ni siquiera la intención, de supervisar, vigilar o en su caso sancionar al gobierno que dirige quien los puso en el cargo.
Se trata de un escándalo de proporciones mayúsculas, que rebasa por mucho el ámbito estatal y ubica esta conducta de los gobernantes emanados del partido Morena, a una dimensión de preocupación nacional, más aún cuando vemos que el líder máximo de este “movimiento”, es el primero que se conduce de la misma manera.
Justo ese ha sido el actuar del presidente, pues sólo argumenta un supuesto combate al “derroche de recursos” y “la corrupción”, como una coartada para encubrir la corrupción de su propio gobierno, al tiempo que utiliza esta bandera para golpear a aquellos que no le obedecen. Así sucedió cuando creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), del que renunció su titular, el académico Jaime Cárdenas, justamente acusando corrupción.
En la misma línea, el titular del ejecutivo federal encabeza hace ya varios meses una cruzada contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, golpea y acusa sin pruebas, señalándola de ser “burocracia dorada” corrupta, pero que en realidad todos sabemos, lo hace porque ejerciendo su independencia y en estricto apego a la ley, emite resoluciones que han sido desfavorables para el gobierno actual.
Debemos seguir alertando, el presidente y su partido siguen poniendo en riesgo la democracia, sus acciones violentan la separación de poderes y la más mínima convivencia civilizada. Lo más peligroso es que las acciones del presidente alientan a los representantes populares de su mismo partido, llevándolos a actuar de la misma manera y, como en este caso, a llegar a más. Ese también ha sido el caso del gobernador Cuitláhuac García, quien ha hecho de Veracruz un reino del uso faccioso de la ley para encarcelar opositores; el gobernador incluso se da tiempo para venir a denostar a la presidenta de la Suprema Corte.
Ahora es el turno del ejecutivo local de Oaxaca, quien acusando corrupción y sin ´tomarse la molestia´ de probarla, aprovecha la mayoría de su partido y aliados en el congreso, no sólo para atacar, sino para desaparecer un órgano autónomo y crear uno totalmente a modo que, sin ninguna independencia, se supone tendrá la encomienda de combatir la corrupción de su propio gobierno: una auténtica vergüenza nacional.
Eso es lo que representan los gobiernos de Morena y por ello es tan necesario que las y los mexicanos cuenten con una alternativa como los gobiernos de coalición, en el que la voluntad y capricho de una sola persona, no sea la que “gobierne”, sino la acción conjunta y consensada de un grupo de fuerzas políticas que, alentando la participación ciudadana, logren rescatar el equilibrio de poderes, el respeto a órganos autónomos y un ejercicio de gobierno profesional, imparcial y democrático.
