El 16 de junio de 2010, el entonces dirigente nacional del PAN, César Nava, difundió en rueda de prensa dos conversaciones telefónicas -es decir, material de audio grabado (y difundido) ilegalmente- donde se escucha al gobernador de Veracruzana, Fidel Herrera Beltrán, interviene de manera indebida en el proceso electoral de la entidad jarocha que ganaría Javier Duarte de Ochoa. Como se podrá imaginar, el sainete en los medios de comunicación fue enorme, más aún en el contexto de la disputa electoral. Esto fue lo que yo escribí al respecto hace siete años, el 24 de junio de 2010:
"Es ilegal grabar conversaciones telefónicas sin que haya orden judicial para ello; difundirlas también. Registrar conversaciones privadas es violatorio de los derechos individuales y su divulgación carece de justificación ética o profesional, más aún cuando se omite la obligación de considerar el parecer de las personas involucradas. No obstante, hay quienes consideran que ese acto violatorio de la ley es un servicio al país, tanto en el terreno de la política como en el del periodismo.
“No hay duda, por lo menos para quien esto escribe, de que en México estamos frente a un espiral previsible en las campañas electorales: el ataque al adversario en vez del diagnóstico y la oferta programática como vía para persuadir del voto, y eso remite a algo que va más allá del planteamiento de deberes deontológicos durante las contiendas, nos dice que hacen falta adecuaciones normativas e incluso diseños institucionales que permitan detectar y entonces sancionar, las trapacerías que impiden la competencia electoral equitativa. Como ejemplos de ello escuchamos al gobernador de Veracruz o asistimos al gasto de publicidad federal en el estado como una vía también ilegal, para respaldar al candidato del PAN a la gubernatura de la entidad.
"Sin embargo, para exhibir actos ilegales como el que se escucha en las conocidas charlas de teléfono no puede ni debe violarse la ley, hay que documentarlos, denunciarlos y demandar las sanciones correspondientes: esa obligación está en la esfera política o en el periodismo que investiga, contrasta y enfatiza en datos. Intervenir y propalar pláticas telefónicas puede tener el efecto inmediato de inclinar la balanza en favor o en contra de cierto candidato (que es a lo que se presta el periodista convertido en mensajero), pero a largo plazo expide cartas credenciales para que cualquiera haga lo mismo según la ocasión. Es decir, se imponen los atisbos del Estado policiaco encima de los parámetros que perfilan al Estado democrático.
"Según creo, no hay causa suficiente para lesionar el derecho de terceros entre otras razones porque ello nos lleva al imperio de la arbitrariedad en donde cualquier comunicación privada puede ser intervenida y su contenido reservado para difundirse según la “oportunidad”. En tanto, la duda que no dilucidan ni el dirigente del PAN ni los periodistas que difundieron esas conversaciones es cuál es la fuente o las fuentes que les facilitaron el material. ¿Proviene del Gobierno Federal o fue un acto aislado que, los dos violatorios de la ley, ahora reciben el cobijo de los profesionales de comunicación y de los actores políticos que consideran que lo hecho es incluso, imagínese usted, un servicio a la nación?
"El deterioro del intercambio público es tal que ahora el PRI responde con un par de iniciativas en el Congreso para promover juicio político contra Juan Molinar Horcasitas por su probable responsabilidad en aquella tragedia de la guardería ABC y para revisar el gasto de Sedesol por los probables delitos de incidir en favor de los candidatos oficiales en distintas regiones del país; al término de este artículo se sabe que ahora el PAN promueve juicio político contra Fidel Herrera Beltrán. O sea, algo que debiera ser una responsabilidad sistemática del poder legislativo como lo es supervisar las acciones de los servidores públicos se convierte en instrumento de presión sujeto a la algidez en la disputa electoral. De esta manera, asistimos a la paradoja de que en lugar de que las contiendas político electorales afiancen a la democracia y al Estado de derecho, ponen de relieve actos autoritarios y violatorios de la ley".
