A fines de año vimos cómo una absurda ocurrencia presidencial, la “Megafarmacia del bienestar”, se instaló a toda prisa en Huehuetoca, Estado de México. El gobierno federal valuó la inversión en 2 mil 700 millones de pesos (la mitad para comprar el inmueble, otro tanto para equiparlo), dinero público que se gastó pese a que tal programa no estaba contemplado en el presupuesto anual. ¿De dónde salió el dinero?
La respuesta a esa interrogante se encuentra en el patrimonialismo con el que se conduce el gobierno de López Obrador, quien un día sí y otro también pasa por encima del Congreso, de la Constitución, de leyes y reglamentos al ejercer el gasto público.
La Carta Magna prohíbe al gobierno hacer gastos no autorizados por la Cámara de Diputados, pero a AMLO le tienen sin cuidado la ley y la división de poderes. Ordena grandes inversiones sin planeación, por sus pistolas. No lo hace para resolver los problemas que sufre la población (en algunos casos, problemas creados por sus erráticas decisiones, como el desabasto de medicamentos), sino para reforzar su narrativa o para financiar la operación política de su ejército proselitista.
Para lograrlo, ha contado con la colaboración lacayuna de los diputados levantadedos de su partido y demás rémoras, que en 2019 le aprobaron reformas a leyes presupuestales, reformas que facilitan la desviación de recursos hacia fines distintos a los presupuestados.
Así, con el pretexto de la austeridad republicana y al amparo de tales reformas, se obliga a todas las dependencias públicas (salvo el ejército y la marina) a hacer “ahorros” que afectan su funcionamiento y degradan la calidad de los servicios que ofrecen a la población. Ello daña incluso a sectores clave como la seguridad pública, la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas, renovación de equipos y herramientas de todo tipo, actualización tecnológica de oficinas y procedimientos, la prevención de desastres naturales, la protección del medio ambiente y un largo etcétera.
Otro mecanismo empleado es la inducción del subejercicio, que consiste en que las dependencias públicas omiten gastar total o parcialmente el presupuesto destinado a los programas que están a su cargo. Lo que es una falta y muestra de ineptitud de los servidores públicos, para el inquilino de Palacio Nacional es una conducta que debe ser reconocida y premiada.
Los dineros públicos liberados mediante estos turbios mecanismos (“ahorros” y subejercicios) se reorientan a los “programas prioritarios”, los cuales están definidos arbitrariamente por el propio AMLO. Los subejercicios y los “ahorros” presupuestales no reducen el gasto público, pues el dinero termina gastándose, aunque en rubros que no estaban autorizados.
Así se ha financiado buena parte de los sobrecostos de las obras de relumbrón (AIFA, Dos Bocas, el mal llamado Tren Maya) y las constantes ampliaciones de los programas sociales (que dan parque al ejército clientelar del gobierno). Tal es el destino de los recursos públicos desviados, los que también financian ocurrencias como la farmaciotota y otras.
El patrimonialismo es una forma de dominación política en que se administra el erario como si los ingresos públicos fueran propiedad del gobernante en turno. Las erogaciones se orientan más a satisfacer las conveniencias políticas de éste, que a atender las necesidades de la población o el desarrollo de la nación.
Cincelada: Con el cuento ¿Cuál es la onda? y sus novelas La tumba y Se está haciendo tarde, José Agustín revolucionó la literatura al dar voz a los jóvenes que rompieron ataduras. QEPD.
