En Suecia hay de modelos a modelos: unas son como Victoria Silvstedt o Ellin Grindemyr, preciosidades eternas porque las suecas serán hermosas siempre, pero el otro modelo, el socialdemócrata, padeció un severo trance. La realidad es obstinada e irreductible. Las utopías en este azaroso mundo suelen naufragar. En Suecia, la socialdemocracia quiso un Estado semejante a la divina providencia. Lo llamaron folkhemmet, “el Estado como hogar del pueblo”, pero para alcanzarlo los gobernantes cobraban exorbitantes impuestos. ¿Cómo si no, se pagarían subsidios, planes asistenciales, gastos sociales, ayudas regionales y empresas estatales? El apogeo del Estado de bienestar se alcanzó en los años setenta, cuando la carga fiscal equivalía hasta más de un 35 por ciento del PIB. Era todo un frenesí del gasto público, mientras el país perdía competitividad internacional y las inversiones se evaporaban. Aunque siempre existió en Suecia un sector privado innovador y competitivo, los impuestos excesivos empezaron a minarlo mientras las regulaciones lo abrumaban. Para colmo, el crecimiento económico terminó igualándose al ritmo del envejecimiento de la población. Suecia perdió pujanza económica.
El Estado engullía tajadas cada vez más grandes de la economía productiva y despilfarraba el dinero en un insostenible sistema de ayudas, privilegios y subsidios. Con una economía estancada, todos querían vivir del Estado. La burocracia se volvió descomunal y omnipresente. La carga tributaria en 1989 llegó al 56.2 por ciento del PIB, todo un récord mundial en aquel entonces. Estos desequilibrios obligaron a los socialdemócratas suecos a poner los pies en la tierra. Cuando se produjo una brusca caída de la recaudación impositiva, el ogro filantrópico no pudo financiarse más. El tiro de gracia llegó en 1993, cuando el Banco de Suecia se vio obligado a elevar la tasa de interés al 500 por ciento anual. Vino entonces un duro proceso de reducción del gasto público a través de la racionalización de los subsidios y beneficios sociales. El recorte de empleados públicos fue muy drástico, se estableció un tipo de cambio monetario libre y se eliminaron las restricciones al comercio exterior, derogando regulaciones e impuestos aduaneros.
En las elecciones de 2006 triunfó el Partido de los Moderados, una alianza de centroderecha integrada por conservadores, liberales, democristianos y centristas. Su líder, Fredrik Reinfeldt, inició una nueva etapa denominada “La revolución de la libertad de elección”. A partir de entonces incluso el propio partido socialdemócrata se vio obligado a abjurar del intervencionismo estatal y a impulsar las nuevas ideas del “poder directo de la gente sobre su vida diaria”. Inició una nueva era de sensatez económica, moderación política, respeto al derecho de propiedad y a la iniciativa privada. El Estado siguió siendo influyente, pero acotado. Las funciones económicas, en lugar de ser dirigidas y ejecutadas exclusivamente por funcionarios y empleados públicos, fueron delegadas a la sociedad. El Estado de bienestar como utopía fue reemplazado por el Estado facilitador, cuya función consiste en fomentar y traspasar las funciones a una “Sociedad de Bienestar” garante de la libertad de elección en servicios escolares, deportivos, de salud, laborales, culturales, de protección de la infancia y de jubilación. Así el país pudo redimensionar al Estado de bienestar, sanear sus finanzas y rescatar la competitividad del país. Incluso empezó a hablarse de un nuevo modelo sueco como ejemplo a seguir por la atribulada Europa.
Pero este nuevo modelo adolece aún de serios problemas, y dos de los más acuciantes son la inmigración y el aumento en la criminalidad. Ningún país europeo tiene tantos refugiados per cápita como Suecia. Casi uno de cada cuatro de sus 10.3 millones de habitantes tiene raíces extranjeras. El asunto se agravó con la crisis migratoria de 2015, cuando el país recibió 160 mil refugiados. Muchos empezaron a relacionar el incremento en el número de crímenes con el auge de la inmigración y, como ha sucedido en otros países desarrollados, esta preocupación redundó en el surgimiento de partidos de extrema derecha, lo cual parecía impensable en la civilizada y solidaria Suecia.
Jonas Ekströmmer/TT
El domingo pasado el partido populista y antiinmigracionista Demócratas Suecos (DS) consiguió el 21 por ciento de los votos en las elecciones generales, convirtiéndose así en la segunda formación política más votada del país después del Partido Socialdemócrata y la primera de la derecha, por encima de Los Moderados. Su éxito se debe, sobre todo, al debate en torno a la seguridad pública, central en la campaña de todos los partidos, incluso de los socialdemócratas. Desde 2018 se han reportado más de 500 tiroteos entre pandillas. El Partido Socialdemócrata —de vuelta en el poder desde 2014— endureció significativamente su postura frente a la inmigración. La seguridad pública fue prioridad del gobierno de la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson (primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno en Suecia) durante sus agitados diez meses de mandato. Ahora bien, según estudios serios no existe una relación directa y evidente entre la criminalidad y el aumento de la inmigración en los últimos diez años. Pero nadie se atrevió a hacer campaña enarbolando este argumento. Como sucede en otras partes de Europa, los partidos “normales” de izquierda y derecha replican el discurso antiinmigracionista y antimusulmán de la extrema derecha. Hoy en Suecia se criminaliza a los inmigrantes de una manera inconcebible hace una década.
La extrema derecha asalta al paraíso en buena medida gracias a la eficacia de su dinámico líder, Jimmie Åkesson, quien ha transformado a DS de ser abiertamente neofascista (en su creación participaron organismos minúsculos como el Partido Nacionalsocialista Obrero, Mantener a Suecia Sueca y el Partido del Reich Nórdico) a ser una organización de fachada respetable. “No somos un partido extremista ni xenófobo”, reitera constantemente. La estrategia consiste en presentar al DS como una formación nacionalista, socialmente conservadora y, eso sí, muy crítica con la inmigración. Así fue como en las elecciones de 2010 DS consiguió entrar en el Parlamento por primera vez. En aquella ocasión utilizaron una polémica propaganda electoral donde se veía a un grupo de mujeres musulmanas con burka adelantar a una anciana con un andador para apropiarse de su pensión. La islamofobia, el racismo y la defensa de una “nación étnica y culturalmente homogénea” son los principales elementos del partido aunque, a diferencia de otras extremas derechas europeas, DS recurre a un discurso inclusivo hacia las personas LGBTI, sabiendo manipularlo como una defensa “progresista” de los derechos civiles frente al tiránico islam.
Los ultras suecos han superado a los moderados y a otras expresiones conservadoras porque estos últimos los han “normalizado” comprando su narrativa. La derecha tradicional lleva un buen rato en la oposición y ahora, tras los pasados comicios, la única manera para ella de volver al poder es coaligándose con quienes antes tildaban de “impresentables”. “Ha madurado, ahora es una fuerza constructiva”, dicen de DS los dirigentes de Los Moderados, cuando todavía en 2020 reiteraban hasta la saciedad su intención de jamás hacer alianza con este partido. Esta estrategia de rebranding de la extrema derecha ha tenido éxito no sólo en Suecia, sino en el resto de Europa. Los exneofascistas italianos están a punto de ganar las elecciones en Italia y de llevar a su líder, Giorgia Meloni, a encabezar el gobierno. Y también tenemos a Le Pen en Francia, a Vox en España y a muchos casos más de formaciones de extrema derecha cercanas a llegar al gobierno de sus respectivos países “reinventándose” como conservadores, nacionalistas y decentes defensores de las tradiciones cristianas. Pero esta “reconversión” es sólo un disfraz. En el fondo estos grupos mantienen intacta su xenofobia, su racismo, su odio a todo lo diferente y, por supuesto, sus inequívocas pulsiones autoritarias. No en balde tienen como su ídolo y ejemplo a seguir al populista de derecha húngaro Viktor Orbán. Por cierto, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución donde consideran a Hungría como un país al cual ya no puede considerarse una democracia plena, y condena los “esfuerzos deliberados y sistemáticos del gobierno húngaro para socavar los valores comunes europeos”.
