Ni desarrollo regional sustentable ni crecimiento económico con igualdad social. El Tren Maya no es más que un negocio neoliberal, pues beneficia intereses empresariales por encima de la protección del medio ambiente y de los derechos de las comunidades indígenas y rurales. Tal es la conclusión que arroja la lectura de una completa, interesante y bien documentada investigación publicada recientemente por la organización no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
El megaproyecto, una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene una clara pretensión urbana: busca que las comunidades se muden a las concentraciones que deberán rodear las estaciones ferroviarias, lo que privilegia los negocios de grandes compañías inmobiliarias que han emprendido la construcción de fraccionamientos residenciales y de hoteles. El plan de urbanización afecta ejidos y tierras de reservas ecológicas como Cuxtal, cerca de Mérida, y las reservas de la biósfera de Sian Ka’an y Calakmul en Quintana Roo y Campeche, ilustran los investigadores de PODER.
La investigación independiente da cuenta de que la incompleta Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la dependencia a cargo del megaproyecto, arrojó aspectos negativos que apuntan al daño del medio ambiente en los ecosistemas locales, flora y fauna, riesgos de contaminación al suelo, escasez y contaminación del agua, así como hundimientos debido al tipo de suelo, sobre todo en la región denominada “anillo de cenotes”.
El extractivismo es una característica de la actividad de las corporaciones transnacionales, consistente en la extracción de materias primas para el mercado global sin reparo en sus consecuencias sociales ni en la afectación del medio ambiente. A este respecto la investigación de PODER, dirigida por María Julieta Lamberti y Eduard Martín-Borregón, descubrió dos asuntos muy interesantes. La primera es que el supuesto fin turístico del Tren Maya se comparte con el que parece ser su verdadero objetivo: el desarrollo de la infraestructura de transporte de los energéticos del sureste mexicano, lo que lo define como extractivista. Y en ese punto aparece otra poderosa empresa beneficiaria, Blackrock, una administradora norteamericana de fondos.
Blackrock tiene inversiones en 12 proyectos energéticos de la península (hidrocarburos, gasoductos), negocios con Pemex y es accionista de China Communications Construction Company, Ltd., empresa que obtuvo el contrato del Tramo 1 del Tren Maya.
Cuartoscuro
La conducción del megaproyecto está llena de desatinos. Encargado a un amigo del presidente sin experiencia en la materia y a una dependencia del sector turismo que no tiene atribuciones legales para llevarlo a cabo, la MIA y el proyecto ejecutivo que se han formalizado son documentos tardíos e incompletos. La consulta a las comunidades indígenas se realizó con simulaciones, sin información previa y sujeta al “convencimiento” de los líderes mediante canonjías.
Al anunciar el proyecto en 2018, López Obrador dijo que costaría entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, entre 120 mil y 160 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Sin embargo, en enero de 2020 el gobierno dijo que la inversión total sería de 303 mil millones de pesos, pero recientemente el proyecto se modificó tanto en su trazo como en el uso de combustible, que ha ido del diésel a la electricidad en varios de sus tramos, por lo que el costo se ha elevado otros 17 mil millones de pesos. El doble de lo inicialmente presupuestado.
La “abolición” del neoliberalismo que López Obrador decretó no es más que palabrería, como se demuestra en el caso del Tren Maya. Descontadas las ventajas pasajeras que ofrecerá en empleos y derrama económica, lo que este negocio neoliberal y extractivista dejará a su paso por la península de Yucatán será una urbanización desenfrenada, el ecocidio contra las reservas naturales, la selva y el sistema de cenotes, daños a la riqueza arqueológica y más violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y de la población en general.
Cincelada: los precandidatos de Morena se exhiben con camionetas costosas, guaruras, mariachis, tamboras, acarreados y hasta “valets” que les cargan el saco.
