La transición democrática mexicana, con un impulso definitivo a partir de la segunda parte de los años 80 del siglo pasado, significó una batalla contra las elecciones de Estado: el partido del presidente de la República, el PRI, contaba con todos los recursos e instituciones gubernamentales para ganar los comicios y, de forma abrumadora, la mayoría de los cargos de representación popular.
Los cambios hacia un régimen en el que se separara al partido del gobierno y dejara de tener los recursos a su disposición para su funcionamiento, implicó cambios constitucionales y de legislación electoral, además de la construcción de instituciones fundamentales como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En esa elaboración, por todos los antecedentes, se puso énfasis en un elemento clave: la equidad en la contienda electoral.
Como se puede observar hoy con gran claridad, todo lo anterior y mucho más se encuentra bajo fuego con el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se ha dado a la tarea de derruir aquellas instituciones y volver a los viejos tiempos en los que un partido no sólo predominaba sino se imbricaba con el gobierno para mantener el poder a toda costa.
Quien no sólo ha respaldado esa ambición presidencial sino que hasta ahora ha sido la principal beneficiaria de ella ha sido Claudia Sheinbaum, la delfín de AMLO, que ha sido punta de lanza en el embate autoritario como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y como aspirante a la Presidencia de la República, e incluso desde antes: baste recordar, por ejemplo, su participación en el paseo de unas cajas literalmente vacías en las que supuestamente estaban las pruebas del “fraude electoral” de 2006.
Desde el 5 de julio de 2021 AMLO comenzó a hablar con más claridad sobre su sucesión al mencionar una lista de posibles aspirantes desde el “flanco progresista liberal”; la primera mencionada fue Sheinbaum, pese a la gran derrota que para Morena significaron los resultados de las elecciones en la capital un mes antes. Así ocurrió cuando a los probables precandidatos comenzó a llamarles, de manera por demás denigrante, “corcholatas”.
Si a algún incauto no le había quedado claro entonces e incluso desde antes, dos meses después, en septiembre, tras la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Tláhuac, el presidente, en plena calle y a la vista de todos, levantó la mano de su ungida y la señaló con su dedo, mientras ella asentía, complacida. Desde allí fue más evidente el respaldo, en todos los aspectos, de los gobiernos federal y de la Ciudad de México a la candidatura de Sheinbaum.
Han sido varias las tretas utilizadas por Sheinbaum para distraer recursos públicos para su campaña política en pos de la Presidencia de la República: así, por ejemplo, estuvieron sus visitas a entidades de la república para presentar una suerte de performance a manera de conferencia sobre “Políticas exitosas de gobierno” (para impartir una de ellas se encontraba en Michoacán el 7 de enero de 2023 cuando ocurrió un choque de trenes en la Línea 3 del Metro; el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla dispuso un helicóptero del estado para trasladar a la jefa de Gobierno pese a que su visita no era oficial).
La misma práctica ocurrió a nivel de la capital del país: en los primeros meses de 2023, ya con gran movimiento de los aspirantes, hizo una gira por las 16 alcaldías para informar de las obras hechas por su gobierno. En esos actos de gobierno, sus seguidores se daban vuelo con la consigna de “¡presidenta, presidenta!”.
Estaba en ese recorrido Sheinbaum cuando el TEPJF resolvió que había violado el principio de imparcialidad, al que estaba obligada como funcionaria, con su presencia y arengas en actos del candidato de Morena y aliados a la gubernatura de Tamaulipas. Este tipo de violaciones y el cuestionamiento sistemático a decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del tribunal ha sido una constante de la morenista, como abundamos más adelante.
El aplastamiento
Posteriormente, en otro acto de abierta campaña, tras ver frustrada su intención de mantenerse como jefa de Gobierno hasta que obtuviera la candidatura presidencial de Morena, debido a la solicitud de Marcelo Ebrard de que los aspirantes deberían renunciar a su cargo público, echó mano de más recursos públicos para continuar su virtual precampaña mediante la organización de un acto masivo, con un impresionante aparato de acarreo, en el Monumento a la Revolución en junio de 2023.
Ese mitin, promovido por Sheinbaum como “un acto de convicción y transparencia” que sería el “último ejercicio de rendición de cuentas” de su gestión. El proselitismo no era nada difícil de identificar: “‘Somos orgullosamente un gobierno de la ‘cuarta transformación’. Nos eligieron para erradicar la corrupción, los privilegios, el espionaje, la compra del voto”. El acto fue transmitido en vivo a través de redes sociales por el gobierno capitalino.
Las denuncias de su elección como candidata y la intervención gubernamental, encabezada por AMLO, provinieron no sólo de la oposición, sino de sus propios compañeros de partido, señaladamente del senador Ricardo Monreal, primero, y después por Ebrard.
Desde mucho antes de que iniciara el proceso interno de Morena, Monreal denunció repetidas ocasiones la falta de piso parejo en la competencia, se manifestó contra la imposición, informó de ataques de granjas de bots en su contra en redes sociales patrocinados con recursos públicos y con asesores extranjeros (una referencia muy clara a Sheinbaum) hasta la intervención de gobernadores. El legislador zacatecano vivió en carne propia la campaña gubernamental, hasta más que la que provino de dentro del partido, pero ya en la precampaña formal se apaciguó y se alineó.
El otro morenista que se lanzó contra la operación gubernamental a favor de Sheinbaum fue Ebrard, quien actuó al contrario que Monreal: si al principio evitó hacer señalamientos contra aquella, al finalizar fue el que, con sus seguidores, la denunciaron con mayor fuerza y hasta amagaron con su salida del partido, para lo cual incluso formaron una asociación civil.
Desde agosto de 2023 tanto Ebrard como un grupo de diputados afines a él hicieron una de las denuncias más potentes contra lo que fue elección interna de Estado: se usaba a la Secretaría de Bienestar para promover a Sheinbaum, desde el acarreo y la propaganda al entregar recursos de los programas sociales, hasta la disposición de los Servidores de la Nación para hace proselitismo a favor suyo.
Posteriormente Ebrard insistió en su acusación en el proceso interno de Morena: otros aspectos que denunció fue la del traslado de urnas hasta el lugar del recuento final, coacción sobre encuestados, que se impidiera a sus representantes la entrada al lugar del conteo y hasta agresiones físicas contra integrantes de su equipo.
Pero, aunque recurrió hasta al TEPJF, finalmente Ebrard se sometió a la precandidata de Estado, aunque alegó un “entendimiento” con ella y que Morena había reconocido irregularidades, que no cambiaban el resultado pero que, le prometió, serían sancionadas y no se repetirían. Con ello el excanciller dijo sentirse satisfecho.
Otra fuerte denuncia de injerencia de un gobierno estatal a favor de Sheinbaum fue la que hizo Latinus con testimonios y documentos de funcionarios de primer nivel de Colima que operaron brigadas que realizaron campaña en Jalisco en zonas en las que sabían que se realizaría la encuesta interna de Morena. Además, con anterioridad, en agosto, también hubo acusaciones de que la gobernadora Indira Vizcaíno pedía “moches” a los trabajadores de confianza como contribución para la precampaña de Sheinbaum. Una denuncia similar hubo de empleados del Gobierno de la Ciudad de México, quienes afirmaron que a 180 mil trabajadores se les habían retirado sin su consentimiento 2 mil pesos de un fondo capitalizable, un total de más de 300 millones de pesos.
Lo que también se ha documentado es que con recursos del gobierno capitalino se pagaron encuestas en las que se preguntó a los entrevistados sobre asuntos electorales, además de que ha habido millones para medios de comunicación que le han hecho coberturas muy favorables a ella y a su gobierno. También ha habido acusaciones de que con dinero público se ha pagado a granjas de bots para combatir a sus enemigos mediante intensas campañas, como las que denunció Monreal.
De esta forma, al aplastar a los contrincantes internos de Sheinbaum, AMLO y ella realizaron un exitoso ensayo de la elección de Estado que implementarán en el proceso electoral de 2024.
Las convicciones autoritarias
Numerosas han sido las denuncias y resoluciones contra la ilegal actividad que en materia electoral han desarrollado tanto AMLO como Sheinbaum. De ella, por ejemplo, han sido señalados numerosos actos ilícitos por el INE, que ha determinado las medidas cautelares correspondientes, las que en varias ocasiones fueron ratificadas por el TEPJF.
Entre esos actos ilícitos se encuentran la propaganda que ella y varios gobernadores de la alianza oficialista hicieron a favor de AMLO durante el proceso de revocación de mandato, sus intervenciones indebidas en elecciones estatales, como fueron los casos del Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, lo mismo con tuits que con su presencia y pronunciamientos a favor de los candidatos del oficialismo.
Las repetidas conductas ilegales en que ha incurrido Sheinbaum en materia electoral en los últimos años son numerosas: hacer propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, romper el principio de equidad, realizar actos anticipados de campaña y precampaña, así como practicar violencia política e institucional.
Por ello el INE le ha dictado a la aspirante morenista medidas cautelares como el retiro de su propaganda de sus redes y de todas las plataformas, deslindarse de publicidad (pintas, lonas, anuncios) a su favor en tiempos en que la ley no la autoriza, no hacer llamados al voto, realizar actos en lugares cerrados, no presentar propuestas ni plataforma vinculadas con aspiraciones electorales, entre otras.
En esta elección de Estado tampoco se debe ignorar la intromisión discursiva del presidente en la campaña electoral. A AMLO tanto el INE como el TEPJF también le han hecho repetidos llamamientos y se le han dictado medidas cautelares para que respete los principios constitucionales de equidad, neutralidad e imparcialidad, así como la legislación electoral, sin mayor repercusión, como no sean socarronerías del mandatario.
De esa forma, el tabasqueño ha continuado con sus abiertos llamados no sólo a ganar la Presidencia de la República (uno de los actos más publicitados del año fue su entrega del “bastón de mando” a Sheinbaum, por ejemplo), sino también la mayoría en el Congreso en los próximos comicios federales, lo que aúna a sus feroces ataques contra la oposición.
A las medidas que el INE y el TEPJF han dictado contra Sheinbaum ella ha respondido con rezongos. En ellos su concepción autoritaria puede apreciarse diáfanamente en una respuesta que dio a uno de los reclamos de Monreal: aunque dijo que siempre cumple con la ley, enfatizó: “Yo creo que lo más importante es que estamos defendiendo un proyecto por encima de todo, y esperemos que todo fuera así”. Puede leerse de manera muy sencilla si se consideran sus actos y por su repetida resistencia, cuando menos discursiva, a acatar las resoluciones de las autoridades electorales: el proyecto está por encima de la legalidad y de las resoluciones de las autoridades.
Otra, muy emblemática de sus ínfulas moralinas en política, es su referencia continua a las convicciones. El 13 de febrero, en el marco del proceso de revocación de mandato, la jefa de Gobierno y 17 gobernadores de Morena y aliados publicaron un desplegado a favor de AMLO, lo que, evidentemente, violaba la ley respectiva. Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de esa propaganda de redes y plataformas, Sheinbaum reaccionó con un tuit que cerraba de la siguiente forma: “Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones”.
Ello ratifica lo antes dicho: la Constitución y las leyes están subordinadas al proyecto (léase “ambición de AMLO por el continuismo”) según Sheinbaum, lo que es una vuelta al pasado político del país. La bandera que tanto el presidente como su candidata enarbolan para las elecciones de 2024, el “Plan C” (el “carro completo”, como han dicho varios morenistas en una muestra más de sus atavismos priistas), indica su pretensión del regreso al modelo político anterior a la transición democrática mexicana, elecciones de Estado incluidas.
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