El pasado 28 de abril, se cumplieron tres años del asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez. Su caso sigue impune, con los autores intelectuales en libertad y sin que el gobierno estatal tenga interés en llegar a la verdad de los hechos, por lo cual recurrió a la fabricación de chivos expiatorios.
Como el de Regina, están los casos de otros diez reporteros asesinados los últimos cinco años en el estado de Veracruz, el más peligroso del país para el ejercicio del periodismo. Investigaciones fast track, resoluciones judiciales amañadas, violaciones al debido proceso y un empeño enfermizo por negar que los crímenes estén vinculados a la actividad periodística de las víctimas, han sido la única constante de la actuación del gobierno de Javier Duarte en relación con las agresiones a los comunicadores durante su mandato, el más letal para la prensa de que se tenga conocimiento.
A pesar de ello, el Gobernador ha maniobrado para recibir reconocimientos como el que le otorgó en abril de 2013 la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) -integrada por dueños de medios, que en ese momento recibían una gran inversión económica de la administración duartista- por su papel para “garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”. Aquello fue tan grotesco que concitó el repudio de las verdaderas asociaciones de periodistas, que motejaron el reconocimiento a Duarte como el “Chayopremio”.
El pretexto para ese penoso trance fue la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), un organismo supuestamente autónomo cuya verdadera función es “lavarle la cara” a un gobierno que, deliberadamente, ha evadido su obligación de brindar condiciones para el ejercicio libre, independiente y crítico del periodismo en el estado.
Porque el único “periodismo” a salvo en Veracruz es el que está al servicio del grupo gobernante, el que lo alaba y publica que Duarte es el “mejor gobernador de la historia”, y que en “pago” por sus servicios, mantuvo costosos “convenios” con medios y “periodistas” afines, a quienes llevó a viajes por el extranjero y pagó millonarias sumas, así sus publicaciones circularan sólo en los baños de los cafés del centro de Xalapa. Mientras el dinero alcanzó.
En cambio, a los críticos, como Regina Martínez, se les ha buscado enlodar con versiones inverosímiles de sus crímenes, señalándolos, sin aportar pruebas convincentes, de tener vínculos con sus propios verdugos, por cuestiones “sentimentales” o por complicidad en asuntos turbios.
La existencia de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas es uno de los signos más ominosos de la simulación del gobierno veracruzano para con los profesionales de la información en Veracruz. Acotada, amordazada, actúa siempre a posteriori. No es capaz de hacer un pronunciamiento de condena a una agresión a un periodista hasta que éste es desaparecido o asesinado, escudándose en la “confidencialidad” de los expedientes que le turnan.
Porque en realidad, la CEAPP fue creada para dar la imagen de que sí hay interés oficial por defender la libertad de expresión en Veracruz. Pero ni para eso ha servido. El desprestigio de uno es el del otro.
Para muestra, el hecho de que la actual presidenta de la CEAPP, Benita González, comenzó a trabajar hace unos meses como conductora de noticieros en una de las empresas propiedad de Gina Domínguez Colío, la excoordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado que fue señalada en múltiples ocasiones como represora de reporteros, en cuya gestión se criminalizó por consigna a los periodistas asesinados, y que fue, precisamente, la principal impulsora de la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, su “Frankenstein”.
Por eso nunca será sancionado ninguno de los verdaderos responsables de los ataques a la libertad de expresión y a los periodistas en éste, el sexenio del horror. Al menos, no mientras ellos tengan el poder.
