El pasado 15 de julio, elementos de la PGR apoyados por militares realizaron un operativo en el albergue “La Gran Familia”, ubicado en Zamora, Michoacán. En el despliegue policiaco, cubierto por medios de comunicación, se detuvo a nueve personas, entre ellas la fundadora y responsable de esa casa hogar, Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”. En conferencia de prensa posterior, el titular de la Procuraduría, Jesús Murillo Karam, dijo que que el operativo obedeció a diversas denuncias de privación ilegal de la libertad de varios niños, jóvenes y adultos que ahí se encontraban.
El linchamiento
La PGR aseguró que los menores rescatados vivían en condiciones deplorables y eran objeto de abusos sexuales y explotación. La crudeza de las imágenes mostradas en televisión e Internet, así como de los testimonios presentados, fue tan contundente como la versión oficial. No obstante la PGR hizo un alarde de fuerza; sin orden de aprehensión de por medio ni el acceso a un proceso justo que por ley le corresponde, Rosa Verduzco fue literalmente exhibida como una delincuente de alta peligrosidad y, al menos en esas primeras horas, los medios acompañaron el desaseo del gobierno federal. La condena mediática y social hacia la encargada del albergue
“La Gran Familia” fue inmediata y casi unánime. Tras el impacto inicial suscitado por el operativo, la cobertura de los medios se diversificó: hubo reportajes sobre el estado de sus instalaciones y testimonios de malos tratos y abusos, además de la cita de varios trabajos periodísticos que años atrás denunciaron esta situación. Dentro de la esfera pública varias voces de personajes relevantes de la política y la cultura se alzaron en abierta defensa de Rosa Verduzco.
En medio de esa polarízación, la autoridad debió admitir errores. En entrevista con Carlos Loret de Mola para Televisa el viernes 18 de julio, Tomás Zerón de Lucio confirmó que las investigaciones están aún en curso y que no hubo orden de aprehensión contra Verduzco, por lo que podría ser liberada en las horas siguientes. Ese día se hizo pública una carta firmada por Jean Meyer, Enrique Krauze, Elena Poniatowska, Lydia Cacho, Hugo Hiriart, Alberto Ruy Sánchez, entre otros, donde califican la acción gubernamental como un nuevo “michoacanazo” y respaldan la labor de Rosa Verduzco para con los niños huérfanos. Enrique Krauze en Letras Libres y Lydia Cacho en Sin Embargo expusieron con mayor profusión sus argumentos; lo mismo hicieron a través de entrevistas radiofónicas Jean Meyer, en Radio Red, y Alberto Ruy Sánchez en Radio Fórmula.
El drama
Por otra parte, cabe destacar que desde el 16 de julio hasta el 25 del mismo mes La Jornada, MVS, El Universal, Excélsior y Animal Político, entre otros, presentaron amplios reportajes desde el interior del albergue para dar cuenta de las condiciones físicas en que se encontraba; asimismo recabaron testimonios de víctimas de maltrato y personas que denuncian irregularidades de otra índole, como la ausencia de reglas para su operación y un financiamiento poco transparente. En contraste con la espectacularidad de aquel operativo, la tarde del sábado 19 de junio, con sumo sigilo, la PGR retiró la vigilancia policiaca de la habitación de Rosa del Carmen Verduzco en el Hospital San José, donde se le internó desde el martes; por la noche y la mañana del domingo 16 se hizo pública en algunos medios su liberación, aunque sin información oficial de por medio.
Mención aparte merece la entrevista que el periodista León Krauze hizo a Rosa del Carmen Verduzco para Univisión, la cual fue publicada en El Universal el 23 de julio y retomada por otros medios nacionales y extranjeros. En la conversación no se aprecian rastros del trastorno psicológico que esgrimió la PGR para declararla inimputable, sino a una mujer lúcida que acepta que la situación la rebasó. Admite y justifica las carencias del albergue, así como su “mano dura” para sus protegidos y pide perdón si es que hubo abusos de los que no se percató.
Omisiones, escándalo y dudas
Este tema podría ser evaluado desde distintas aristas: los abusos del gobierno para construir y difundir un caso de alto impacto social; el desproporcionado operativo policiaco-militar y las líneas de contenido que le dictó a varios medios de comunicación; el impulso del tribunal de la opinión pública, lo mismo para condenar a la señora Verduzco que para defenderla y, sobre todo, la existencia de una drama en el que se encontraban cerca de 600 personas que vivían en condiciones indignantes para las que debe haber una atención inmediata. En esa ruta fueron nítidas las omisiones gubernamentales hacia la niñez huérfana, pues al carecer de políticas públicas para atender a este sector, se tolera el funcionamiento de estancias infantiles y albergues sin ningún control.
Por otra parte, están los excesos de los medios que acompañaron fielmente al gobierno al presentar el tema de “La Gran Familia”; primero acusaron y exhibieron a los presuntos responsables y solo hasta después indagaron. Una vez más se prestaron al escándalo y a judicializar las noticias, sin prudencia ni respeto por los procedimientos legales. El desaseo y la falta de transparencia de la PGR dio lugar a la polarización de la opinión pública, misma que no cesa, aún a la luz de los evidentes abusos que se cometieron en ese albergue y las historias de quienes las vivieron de cerca. De ahí que persistan, de un lado, la vehemente y hasta obcecada defensa de Rosa Verduzco por parte de intelectuales y activistas quienes, salvo Lydia Cacho y José Woldenberg, se niegan a la autocrítica, y por otro, la miopía de quienes pretenden explicarlo todo bajo las teorías de la cortina de humo o el distractor.
Lo importante son las víctimas
La exigencia para la autoridad debe ser el esclarecimiento de este caso; que la declaración de inimputabilidad de Rosa Verduzco no implique en modo alguno impunidad y carpetazo. Y es que en el registro de esa conmoción pública los dichos de la autoridad y las expresiones dentro del llamado tribunal de la opinión pública tuvieron mayor notoriedad que los actores centrales del drama: las víctimas. El registro de múltiples conmovedores testimonios no ha significado hasta ahora una demanda pública por que se les haga justicia ni de parte del gobierno han existido planteamientos claros sobre qué hará con las víctimas y qué estrategia delineará para que este asunto de Estado dé al fin una respuesta a decenas de miles de huérfanos que hay en el país.
