Muchas veces hemos escuchado, en tono irónico, que Kafka no podría creer lo que sucede en México. Estas manifestaciones pretenden ilustrar lo aberrante que puede llegar a ser la realidad nacional al minimizar el genio creativo de uno de los novelistas de ficción más importantes del siglo pasado.
En las últimas semanas, al tiempo en que se desarrollaba un ejercicio convocado por etcétera en el que diversos analistas y expertos en materia de las telecomunicaciones y de radio y televisión, vertieron opiniones y propuestas en torno a los elementos que podría tener una “reforma posible” de la legislación que regula estas actividades, ocurrió un fenómeno digno a ser considerado por el autor de El Proceso (The Trial).
En efecto, ocurrió lo que parecía imposible, el partido en el gobierno, Acción Nacional, presentó de manera simultánea en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados una iniciativa para la emisión de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, con el aval de un grupo de intelectuales “defensores” de las libertades de expresión, prensa e información (claro está, como ellos las entienden), así como de, al menos, una facción al interior del gobierno federal.
¿Por qué el hecho referido en el párrafo anterior se califica como casi imposible? Yo diría que atendiendo a diversas cuestiones de fondo y forma. Empecemos por analizar la forma:
-Los promotores de la iniciativa impulsaron su aprobación al vapor, sin discusión, cuando ellos han sido los primeros en eternizar cualquier discusión legislativa en esta materia, mediante la celebración de decenas o cientos de foros.
-El grupo impulsor, integrado por legisladores, intelectuales, académicos y funcionarios de la actual administración, difícilmente podría convivir como los funcionarios de casilla seleccionados por insaculación, dada la contraposición natural de sus ideas que en muchos casos han sido difundidas por los medios de comunicación; sin embargo, formaron un frente monolítico en torno a la iniciativa al percibir, a partir de una confusión evidente, un supuesto debilitamiento del poder de los medios electrónicos.
-Finalmente, el grupo se automedicó con su propio jarabe; esa fórmula que han aplicado con tanto talento en los últimos años: la descalificación a priori. Sin embargo, para sorpresa de sus integrantes, el saldo de su actuar, en este caso, fue exactamente el contrario al observado en ejercicios pasados: en el eterno afán de descalificar, calificando unilateralmente los “buenos” (ellos) y a los “malos” (todos los que disientan de sus ideas), lograron representarse como un grupo de ataque, agresivo e intolerante, que ante la opinión pública y de acuerdo con diversos líderes de opinión que antaño simpatizaron con sus posturas, los hacen inaugurarse como “malos”.
¿Qué intereses pudieron motivar este desafortunado ejercicio de poder partidista, legislativo y comunicacional? Honestamente no lo sé y creo que, por el momento, los verdaderos intereses y motivaciones no son importantes. Relevantes, por su capacidad destructiva, son algunas de las “propuestas” de fondo que contiene esta compleja iniciativa. Para efectos de claridad, se describen algunas de las más relevantes:
-Pretender eliminar al órgano regulador de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, al tiempo que intenta su conversión en un órgano de control político sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no así en la de Gobernación.
En efecto, la propuesta de transferir a este producto de la imaginación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, todas las facultades de control de contenidos que hoy ejerce la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (conocida como RTC), asi como regresar el poder de decisión sobre el actuar de este instituto a las políticas y programas que dicte el secretario de Comunicaciones y Transportes (previo acuerdo con el Presidente de la República) implica, ni más ni menos, deshacernos de la noción de un órgano regulador, autónomo e imparcial. Por el contrario, la propuesta busca la creación de una supersubsecretaría de Comunicaciones, ah, eso sí, disfrazada con siete cabezas, en lugar de una.
-No se atiende propuesta alguna en materia de modernización y actualización de la regulación de los contenidos audiovisuales, por el contrario, se amplía la discrecionalidad y se hace extensiva dicha regulación a todas las redes de televisión de paga, ya sea que transmitan vía satélite, microondas o por cable. Entonces, la idea es regular, más bien sobrerregular, no simplificar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
– Los tiempos oficiales, lejos de desaparecer, se amplían, para uso exclusivo de los poderes federales, con preeminencia por parte del Ejecutivo. Sí, estimado lector, me refiero a esos tiempos cuyo uso indiscriminado para la propaganda gubernamental, con la que nos retratan un México sin problemas y en bonanza, a usted y a mí nos generan dolores de cabeza cuando decidimos ver la televisión o escuchar la radio. Esos tiempos que han convertido a nuestra democracia en un ejercicio audiovisual basado en mensajes de 20 o 30 segundos. Esas herramientas propias del pasado, que los promotores de la iniciativa pretenden eternizar por generaciones.
El procedimiento sumario para la aprobación de esta iniciativa en el Senado, fracasó. En verdad, como ciudadano, agradezco que así fuera.
Para los mexicanos, es importante que los debates de esta magnitud sean públicos y abiertos. Sin descalificaciones. Esperemos que esta iniciativa, contrario a su propósito subyacente, coadyuve a una discusión seria de los cambios que requiere nuestra legislación en materia de radio y televisión.
