Pocos sectores de la actividad económica tienen tanto impacto en tantos ámbitos de una sociedad como la industria de las telecomunicaciones. Si bien está ampliamente documentado que las telecomunicaciones son un insumo indispensable y fuerte condicionante de la competitividad del resto de las actividades económicas, al hablar de las políticas públicas y regulaciones que ayudan a dar forma a este sector, resulta muy limitado y parcial restringir el enfoque exclusivamente a los aspectos económicos.
De esta manera, al hablar del estado de las telecomunicaciones de un país, primero se piensa en los niveles de precios que enfrentan sus usuarios, cuán eficaces han sido o no las medidas para promover la competencia, cómo la industria hace más o menos productivos a otros sectores económicos, la eficacia de las técnicas para asignación de recursos escasos como el espectro radioeléctrico y el crecimiento en ingresos y utilidades de los agentes productivos.
El análisis anterior es esencial en una industria que, al ser sector transversal a la sociedad, cruza todos los aspectos de la vida productiva y una correcta visión de Estado debe de partir de una perspectiva mucho más amplia, reconociendo que las telecomunicaciones (o los efectos de su ausencia) están presentes en todo momento de nuestra vida y son tanto causa como efecto de múltiples aspectos que terminan dando forma a las sociedades contemporáneas.
Adicionalmente, las políticas públicas y la regulación deben ya reconocer el nuevo poder que Internet da a los ciudadanos. La definición de “usuario” de un servicio de telecomunicaciones o “ciudadano digital”, debe de reconsiderarse de forma tal que éstos sean vistos como agentes que de forma efectiva participan en la realización de nuevos servicios de comunicación y participación social mediante blogs, redes sociales y la creación de sus propias páginas y sitios de Internet. De nuevo, el impacto de estas herramientas y cómo son aprovechadas por la sociedad, trascienden los aspectos económicos o particulares de un sector para incrementar el bienestar individual y potenciar la participación social, enriqueciendo la vida democrática.
Con todo, es entonces crucial que la visión del Estado respecto a las telecomunicaciones refleje las condiciones anteriores, y se definan políticas públicas y regulaciones consecuentes, con una visión de mediano y largo plazo que posicione a dicho sector más allá de la suma de los conflictos que entre sí y con el Estado tienen sus actores particulares.
Es entonces momento de que en nuestro país, trascendamos ya los múltiples atrasos que padecemos como la carencia de infraestructura, baja penetración de servicios, redes fijas y móviles subutilizadas, extrema litigiosidad, entre otros.
De la misma manera como las economías del mundo gozaron de importantes crecimientos de productividad al introducir infraestructuras como el telégrafo (la Inglaterra Victoriana) o el ferrocarril (los Estados Unidos en el siglo XIX), la adopción tardía de estas tecnologías contribuyó a incubar en países como México la brecha de desarrollo entendida como la diferencia en el ingreso disponible per cápita y el acceso a satisfactores entre diferentes países.
Las tecnologías de comunicaciones y la información darán paso a nuevas potencias que emergen desde el mundo en desarrollo, así como a la consolidación de las existentes; una vez que su difusión sea ordenada generará beneficios en términos de productividad y competitividad, sobre todo a aquellas naciones que adecuen sus políticas y marcos regulatorios a las nuevas condiciones tecnológicas, con base en una óptica de largo plazo.
Esta visión debe considerar tres elementos.
El acceso como meta última
Hoy, para ver un mismo programa de TV, un usuario potencialmente tiene la opción de acceder al mismo contenido en TV abierta, por un operador de cable, a través de TV satelital, por su celular, en la página Web de la estación de TV o reproduciéndolo de un DVD o de una videograbadora digital (DVR). Pero más importante que esto, el usuario se puede tornar también un generador y difusor de su propio contenido vía Internet.
De la misma manera donde hace más de 20 años sólo existía la posibilidad de hacer llamadas telefónicas mediante la red fija del operador del Estado, hoy existe la posibilidad de hacer llamadas con al menos cuatro operadores móviles y por infinidad de opciones vía Internet.
Discusiones añejas en nuestro país, como la necesidad de contar con más líneas telefónicas fijas o incluso plantear la posibilidad de que se aumente la oferta de contenidos de radiodifusión en donde ya no es técnicamente posible asignar más espectro para nuevas concesiones, se han tornado obsoletas en países desarrollados donde la cobertura y asequibilidad de los servicios de TV restringida y de banda ancha han ubicado como sólo una opción más, en ambientes altamente competitivos, a los antiguos monopolios de telefonía fija y oligopolios de radiodifusión.
Dotar de banda ancha a más mexicanos es una forma efectiva de promover tanto una mayor eficiencia del sector productivo, como el acceso a una mayor variedad de opciones informativas y de participación ciudadana que enriquezcan la vida democrática.
Promoción de la inversión
Al realizar un análisis de la disponibilidad de redes fijas, que a su vez son las que se utilizan para proveer el servicio de Internet, es significativa la proporción de la población que cuenta con opciones mínimas de redes competitivas (47% de la población depende de la oferta de un solo proveedor).
En México existe un déficit de infraestructura visto en dos dimensiones. La primera, se refiere a la falta de infraestructura que provea servicios a la demanda nacional a precios competitivos, mientras que la segunda apunta a la subutilización de la infraestructura existente, principalmente, en manos del gobierno y construida con recursos públicos, por ejemplo, la fibra óptica oscura en manos de la Comisión Federal de Electricidad.
Es necesario complementar la oferta de telecomunicaciones en México mediante redes convergentes que tengan cobertura nacional, sin importar la procedencia del capital o el origen del operador.
Si se analizan los porcentajes de inversión en telecomunicaciones que se han generado durante los últimos años, destaca que por primera vez la mayor proporción de éstas provendría no de los dos principales operadores fijo y móvil, sino del resto de las empresas competidoras, confirmando que el fomento de la inversión en nuestro país está asociado al fomento de la competencia efectiva.
Promover el despliegue de redes de fibra óptica al suscriptor crea la necesidad de replantear radicalmente la regulación dirigida a esas redes para incentivar la inversión del sector.
Toda política o regulación que de manera artificial limita las posibilidades de inversión, crea de forma indirecta un impuesto injusto a un insumo vital para el desarrollo de un sector amplio de la población.
Apropiación de las tecnologías
La infraestructura en telecomunicaciones se caracteriza porque sus contribuciones se materializan en mayor proporción, a través de los demás sectores de la economía; por esto, la literatura académica y de políticas públicas la refiere en términos de “capital indirectamente productivo”.
Un incremento en 10 puntos porcentuales a la actual penetración de conectividad contribuye a estimular el crecimiento económico y el bienestar social vía externalidades positivas como:
– Un incremento de flujo durante 6 años en el PIB de 174 mil 850 mdp, lo cual es equivalente al doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud para 2009.
– La generación de 1 millon 631 mil 99 empleos totales, los cuales se traducen en beneficios económicos por 158 mil 787 mdp (medidos como el valor de un empleo en relación con el PIB).
– Un incremento de 1.32 años en la escolaridad nacional (mayor cobertura escolar, volumen de contenidos educativos, educación a distancia, compensa déficit de profesores, etcétera), y un incremento sustancial en la calidad de la educación.
– Ahorros de 3 mil 548 mdp en el presupuesto federal anual de salud, lo que equivale al 4.12% del gasto para 2009, derivados de la utilización de la telemedicina, historiales electrónicos, disponibilidad de información médica básica, eficiencia administrativa, etcétera.
– Mejora de la eficiencia administrativa del gobierno debido a economías de escala, de alcance, la mayor oferta de servicios, agilidad en trámites y menor tiempo de servicio generando ahorros máximos por 76 mil 572 mdp en el gasto corriente para la administración federal.
De ser aplicadas a cabalidad y con continuidad, las acciones mencionadas ayudarían al desarrollo del sector de telecomunicaciones y al incremento de la productividad y competitividad del país. Si bien no existen acciones que por sí solas impulsen al sector, la aplicación de éstas en su conjunto sentaría las bases para un sector que esté en línea con el de nuestros principales socios comerciales en el mundo.
