El pasado 13 de febrero, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó un anteproyecto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el que se modifican las “Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléctrica o suministro eléctrico, contenidas en la Resolución número RES/390/2017”, a efecto de que se sometiera al procedimiento de mejora regulatoria previsto en el marco legal de nuestro país.
Tan pronto fue publicado, la empresa IEnova hizo llegar lo que podrían considerarse como comentarios previos en torno al anteproyecto, haciendo notar de manera señalada que éste sí genera costos de cumplimiento para los particulares y que en virtud de ello, debe ser clasificado como de “Alto Impacto Regulatorio”.
De una revisión preliminar del anteproyecto, llama la atención la forma tan ligera como está construido, sin aportar datos que respalden sólidamente sus argumentos en torno a que la posibilidad de modificar los permisos para permitir la entrada de nuevos socios “ha distorsionado la naturaleza, finalidad y objeto de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración”. Salvo la mención de un par de datos aislados en el considerando sexto, no se presenta un análisis más serio, con datos verificables y ejercicios replicables, que permitan sostener cualquiera de las aseveraciones que se hacen en el anteproyecto de la CRE.
Todo parece indicar que es una decisión hecha a contentillo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un ente regulado —en teoría— por la CRE. De hecho, de ello dieron cuenta ayer algunas notas publicadas por agencias internacionales, como Bloomberg, que para poner en contexto la información, señala que los permisos involucrados o relacionados con la discusión del anteproyecto en cuestión, representan inversiones por 16.2 mil millones de dólares, y que de acuerdo con algunos analistas, la medida impulsada por la CRE agregaría riesgos financieros a las operaciones de las empresas involucradas.
El problema de modificar —sin un argumento sólido y bien respaldado por evidencia empírica— disposiciones administrativas que tienen como consecuencia limitar o reducir la posibilidad de realizar negocios conforme estaba previsto o dispuesto originalmente, es que se podrían estar violando compromisos asumidos en el Capítulo de Inversión tanto del T-MEC, como del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Este último ya en vigor.
Pero no sólo es el riesgo de incurrir en una violación de compromisos, es el empeño de la 4T de volver a enviar señales que confunden a los inversionistas privados; justamente en los inicios de este 2020 que no pinta con mucho entusiasmo por lo que hace a las oportunidades para que nuestro país recupere la senda del crecimiento, al menos del crecimiento que permita generar mayor bienestar.
No podemos pasar por alto que el problema surge porque la CRE, hoy en día no puede considerarse como un órgano regulador autónomo, independiente de sus regulados, en este caso hablo de la CFE, porque es evidente que lo que se hace en la CRE pasa por el tamiz de la Secretaría de Energía, que no oculta su inclinación por proteger y solapar la ineficiencia de la CFE. No nos extrañe si en un plazo no muy lejano empezamos a enfrentar problemas en instancias internacionales, por no garantizar la imparcialidad del regulador.
Este artículo fue publicado en El Economista el 18 de febrero de 2020, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
