No hay rendición de cuentas en Veracruz

La comunicación política y la comunicación gubernamental juegan un rol fundamental para que una administración pública de cualquier nivel alcance sus objetivos, entre otros, el de la misma gobernabilidad.

La periodista colombiana María Elvira Bonilla señala: “hoy más que nunca, comunicar ha dejado de ser una opción para los gobernantes. Ya no es un asunto de me gusta o no me gusta, me importa o no me importa para convertirse en un imperativo, una necesidad más, con tanta jerarquía como los programas de gobierno a los que se les invierten energía, dedicación y presupuesto”.

En tanto, el académico francés Dominique Wolton concibe a la comunicación política como “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública”.

Por su parte, Rubén Aguilar Valenzuela, quien fungió como vocero del presidente Vicente Fox Quesada entre 2004 y 2006, considera que “la comunicación gubernamental se sustenta en el derecho a la información que tienen los ciudadanos y en la obligación que tiene el gobierno de rendir cuentas”.

Otra aproximación es la de Karen Sanders y María José Canel, expertas en comunicación política y sector público, quienes definen la comunicación gubernamental como “el rol, la práctica, los propósitos y los logros que se llevan a cabo en nombre de una institución pública”.

La importancia de la comunicación para la tarea de gobernar es pues, innegable e insoslayable. O al menos, así se supone que debería ser.

Visión anacrónica y autoritaria

Durante los últimos 12 años, en Veracruz privó una visión anacrónica del valor y la función de la comunicación. Anclados en el pasado autoritario, los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa usaron la comunicación y a los medios como instrumentos para su lucimiento y vanagloria personal el primero; y para la difamación del crítico y del adversario político, el segundo.

En el caso de Herrera Beltrán, la relación de su gobierno con los medios, los periodistas y la sociedad fue siempre un asunto que atendió de manera directa, acorde con su estilo unipersonal de ejercer el poder, pero atenido a los principios de la vieja propaganda y el control absoluto de los contenidos que se difundían a la opinión pública, vía sendos convenios publicitarios que crearon grandes fortunas y magnates mediáticos.

En sentido opuesto a su antecesor y mentor político, Duarte de Ochoa mantuvo una absoluta lejanía con sus gobernados, y delegó la tarea de la comunicación en quienes encabezaron el área respectiva, particularmente en Gina Domínguez Colío y Alberto Silva Ramos.

La primera ejerció una política represiva y persecutoria contra la crítica mediática a pesar de ella misma provenir del gremio periodístico; el segundo, un político formado a la vera de Fidel Herrera, degradó la comunicación gubernamental al nivel del retrete de la guerra sucia electoral. Ambos, privilegiaron la opacidad y clasificaron como reservada la información sobre el gasto en publicidad del gobierno estatal, que se ha podido conocer en una mínima parte luego de que se hicieran públicos los adeudos admitidos con medios de la Coordinación General de Comunicación Social, que ascienden a 378 millones 454 mil 511.62 pesos y que se pretendía fueran cubiertos con recursos del impuesto a la nómina del estado.

En ambos sexenios, el verdadero valor, función y objetivos de la comunicación política y la comunicación gubernamental, fueron totalmente ignorados.

Reaprender a comunicar

Sobre el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pesan señalamientos y acusaciones sobre su actuación respecto de los medios de comunicación y los periodistas en el pasado, concretamente cuando se desempeñó como secretario de Gobierno en el sexenio de Patricio Chirinos Calero (1992-1998).

A Yunes Linares se le ha tachado de represor de la libertad de expresión y persecutor de medios y periodistas críticos de aquella administración, a quienes según estas versiones, hostigaba por vías judiciales, fiscales y presupuestarias, así como por medio del espionaje.

Veinte años después, y a unas semanas de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo del estado, Yunes Linares se ha comprometido a estar a la altura de las circunstancias que el Veracruz del siglo XXI exige. “Seré ejemplo de respeto a todas las libertades, en particular a las de libre expresión y difusión de las ideas”, aseguró.

Pero tiene una gran tarea por delante en esta materia, como en todas las demás. Es una exigencia social la normalización de la relación entre el gobierno y los medios, que en los dos últimos sexenios pasó por los estadios de la complicidad, el sojuzgamiento, la represión laboral y la violencia desmedida que llevó al asesinato de 19 reporteros tan sólo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Otra demanda es la de la transparencia y la regulación del gasto publicitario del gobierno de Veracruz con los medios que en los últimos 12 años se convirtió en un hoyo negro de corrupción, en detrimento del erario público y de la calidad de los contenidos informativos que se difundieron a la opinión pública.

También es menester que la tarea de la comunicación gubernamental se asuma como una obligación de la administración pública para rendir cuentas puntuales de su actuación, y no como un espacio y oportunidad de envanecimiento y autoalabanza con cargo al dinero de los veracruzanos.

María Elvira Bonilla sostiene que “los ciudadanos tienen, tenemos derecho a saber y conocer las decisiones acertadas o equivocadas, que toman los gobernantes”. Y sentencia: “los gobernantes actuales ya no dependen de la benevolencia de los medios de comunicación para informar sobre u gestión o para abrir conductos para la comunicación con los ciudadanos y propiciar su participación. El Internet, libre y de acceso masivo o ese micrófono incorporado que es el Twitter, les da libertad para comunicarse y hacerlo de acuerdo con sus condiciones, oportunidades y estilo; les permite manejar el tono modulado y sin estridencias que se le quiera impregnar o desafiante y retador a la hora de emprender batallas ideológicas o políticas”.

Para gobernar, la administración estatal tendrá que reaprender a comunicar y dejar atrás la época de la vocería fallida y la megalomanía estéril.