Al tiempo que encabeza una política migratoria de “corte militar”, consistente en la contención “pura y dura”, el actual gobierno federal no ha logrado reducir la cantidad de atrocidades cometidas por parte de la delincuencia en contra de la población, destacadamente actos de tortura y fosas clandestinas.
Todo ello, en un contexto de grave desconfianza hacia las autoridades de procuración de justicia y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador señala reiteradamente que el país no se encuentra en un proceso de militarización, según él, porque las fuerzas armadas ya no efectúan masacres, lo cual no es verdad.
En el extenso reporte Balance negativo. Los derechos humanos en México, de la organización Signos Vitales, se documentan datos y hechos sobre la grave situación en materia de derechos humanos que perdura y, en varios rubros, ha empeorado, en el actual sexenio. En casi 200 páginas aborda numerosos temas, entre ellos las violaciones cometidas por miembros de la milicia, las violaciones laborales cometidas dentro de las grandes obras de infraestructura y los actos violentos que padece la población.
Dedica un segmento a analizar la actual política migratoria, consistente en una “contención pura y dura”, con “corte militar”, palpable en acciones y en la cantidad de militares que cumplen funciones dentro del Instituto Nacional de Migración.
Recuerda que como presidente electo, AMLO afirmó que “su gobierno no perseguiría migrantes”. A tres años de gobierno, la situación no puede estar “más alejada de la realidad”, afirma.
La razón fue la imposición efectuada por el pasado gobierno norteamericano de Donald Trump, que amenazó a México con imponer sanciones arancelarias si no se frenaba la migración, que llevó a la firma del acuerdo del 7 de junio de 2019. Ello hizo que el gobierno de AMLO desplazara miles de elementos de seguridad a las fronteras.
“Esta acción fue posible gracias a la creación de la Ley de la Guardia Nacional, en la que se estipula que esta corporación está facultada para llevar a cabo funciones de migración, como el control y verificación migratoria.
“Esto modificó drásticamente la visión del control migratorio y dio origen a una estrategia de corte abiertamente militar. Como consecuencia, la propia burocracia del Instituto Nacional de Migración se fue militarizando paulatinamente. Al menos 17 militares han sido nombrados en posiciones civiles de alto mando dentro del instituto, concretamente como titulares de las oficinas de representación en diversas entidades”.
Recuerda la participación, muy criticada, de elementos de la GN y personal del INM durante las caravanas de migrantes.
“De manera absolutamente contraria a la promesa inicial hecha por el presidente mexicano a inicios de su administración, la contención migratoria no solo es la principal característica de la política en esta materia, sino que públicamente se defiende esa narrativa. El presidente López Obrador ya no escatima en decir con total claridad que México se encarga y se seguirá encargando de la contención migratoria”.
No olvida señalar que existen denuncias por parte de migrantes hacia las autoridades mexicanas, en el sentido de que se los entrega “directamente al crimen organizado”, como en el sonado caso de la matanza de Camargo, en Tamaulipas.
Así, de enero a septiembre de 2021 se ha documentado la muerte de 320 migrantes, lo que “convierte al año 2021 en el cuarto más mortal para migrantes desde 2014”.
Respecto a actos atroces registrados en contra de la población, refiere que tan sólo entre 2019 y 2021 se han podido documentar 19 mil 507 eventos. Destacan los casos de fosas clandestinas y los hechos de tortura. Del primer rubro se registraron 1870 casos y del segundo 1869 casos, de enero de 2020 a octubre de 2021.
Hay otras áreas de mucha preocupación: el enorme crecimiento del número de personas presas bajo la figura de prisión preventiva, la elevada cifra negra de delitos y el incremento de homicidios dolosos.
Dice que “de hecho, 2018, 2019 y 2020 han sido los años con más homicidios dolosos en la historia de México (33 mil 740, 34 mil 689 y 34 mil 558 homicidios dolosos respectivamente) y de mantenerse la tendencia, 2021 podría ser el más violento”.
Respecto a la cifra negra de delitos, cita a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) que reportó que, “en 2020, alrededor del 93.3% de los delitos cometidos en México no se denunciaron”.
Sobre las personas presas bajo la figura de prisión preventiva, señala que “es la medida cautelar más criticada a nivel internacional debido a que viola de manera terminante el derecho a la presunción de inocencia, las garantías judiciales y el debido proceso” y que a pesar de ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementó las causales de la misma.
“En 2019 se llevó a cabo una reforma legislativa con el objetivo de incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
“Durante la pandemia, en el año 2020 se registró el aumento promedio más grande de la tasa de encarcelamiento de personas en centros penitenciarios desde 2005”, incremento que puede explicarse por el aumento de la prisión preventiva, la más utilizada de las quince medidas cautelares existentes.
“Tan solo en 2020, el 85% de las personas que entraron a prisión lo hicieron sin juicio ni sentencia”, lo que coloca a México en el lugar 13 de 34 países americanos con “más encarcelados sin sentencia”.
Se recordará que hace unos meses, AMLO criticó la cantidad de personas presas sin sentencia, y anunció que su gobierno liberaría a miles de personas. Pero en realidad, lo que ha hecho es incrementar la cantidad de internos en los centro de reclusión en la posición que él dice reprobar.
Se habla también del despojo que han provocado las megaobras del gobierno, el problema del desabasto de medicamentos, la mala gestión de la pandemia, el empobrecimiento de millones de personas y más temas.
El reporte no tiene desperdicio y el lector puede leerlo en su versión completa AQUÍ.
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