El proyecto de resolución que prepara el Tribunal Electoral Federal respecto a los juicios de inconformidad por el ejercicio de revocación de mandato, propone declarar que al no cumplir con el porcentaje de participación que la Constitución exigía para que fuera vinculante, carece de “fundamentos jurídicos”, pero advirtió que dará vista al INE y a la FGR sobre posibles delitos cometidos antes y durante la consulta ciudadana.
De esta manera, el proyecto de sentencia sobre los juicios de inconformidad interpuestos por MC, PRD, PRI, Morena y Ulises Ruiz, plantea declararlos improcedentes pues el ejercicio no logró el 40% por ciento de participación de la lista nominal, es decir, hicieron falta -más o menos- 20 millones de votos para declarar su validez.
Así, la propuesta que ya revisan los magistrados electorales adelanta que serán declaradas inviables las pretensiones de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras, así de como invalidar el proceso de revocación de mandato, ya que el proceso carece de efectos jurídicos al no haberse logrado el porcentaje de participación ciudadana exigido jurídicamente para que el proceso sea válido, señala el documento hecho público.
“Los juicios son improcedentes al ser inviables las pretensiones de los inconformes, en virtud de que el proceso de revocación de mandato carece de efectos jurídicos al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de participación exigido por la Constitución general”, señala el proyecto.
Sin embargo, ante las irregularidades denunciadas por los diferentes partidos en los recursos -cuya acumulación se propone-, el proyecto elaborado por el ponente, el Magistrado ponente Reyes Rodríguez, plantea dar vista de esas conductas al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a Sala Regional Especializada, para que investiguen y eventualmente resuelvan sobre posibles delitos electorales en el proceso de acuerdo a sus atribuciones.
El proyecto señala algunas de las irregularidades denunciadas que deberán indagar las autoridades a las que se propone dar vista, pues pueden constituir violaciones a la ley electoral y ser susceptibles de sanciones.
“En particular, aquellas relativas a la posible: i. Participación de funcionarios partidistas como autoridades en casillas () Existencia de propaganda en favor de la permanencia del presidente de la República cerca de las casillas () Ingreso de simpatizantes del presidente de la República a las casillas, con el fin de inducir el voto a favor de la permanencia de este”, señala el documento.
