Es evidente que el gobierno de Morena en el estado de Guerrero sólo ha agravado la situación de ese estado, cierto es que ha presentado graves problemas durante mucho tiempo, pero desde que llegó la morenista Evelyn Salgado, el vacío de poder, los desórdenes y la ausencia del gobierno en el estado, hacen que se tenga que discutir qué se hace en la entidad: ¿debe intervenir el Senado para desaparecer los poderes del estado?
El asesinato en Chilpancingo del joven Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, estudiante de la normal de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo a manos de la policía estatal y la posterior acusación e invención, por parte del secretario de seguridad pública del estado, diciendo que repelieron una agresión, que los jóvenes habían disparado, es muestra de que el gobierno no está al servicio de la población, sino actuando en contra de ella.
La Fiscalía General de la República (FGR) se vio en la necesidad de atraer la investigación por tener “indicios suficientes” de violación a los derechos humanos, incluso, como lo señaló la dependencia, buscará imputar por homicidio doloso a los policías de la Secretaría de Seguridad guerrerense que detuvieron la camioneta en donde viajan los tres normalistas aquella noche.
Es evidente que en Guerrero se padece la ausencia de Estado de Derecho, violencia contra la población civil, asesinatos cometidos no solo por el crimen sino también por la policía estatal y, ante ello, cabe la pregunta: ¿dónde está la gobernadora?
El presidente de la república tuvo que salir a atajar y precisar que el joven no había disparado, como lo habían señalado las autoridades estatales. Y para terminar el cuadro de esta escena dantesca, el policía estatal que asesinó al joven Kothan, “se le escapó” a la autoridad.
Pero no es la única tragedia que padecen las y los guerrerenses, la acción de grupos criminales ha dejado sin transporte a ciudades tan importantes como Chilpancingo y Taxco, pues ante el cobro de piso, los choferes han preferido no salir a trabajar. También recordemos el video dado a conocer el lunes de esta misma semana, en donde se muestra cómo integrantes de grupos delincuenciales golpean y torturan a taxistas por no darles información sobre los movimientos de la policía.
Y apenas hace unas semanas, ante la incontenible ola de violencia en los municipios de la sierra de Guerrero, así como la inacción del gobierno, los obispos de la entidad buscaron un acuerdo de paz entre los cárteles de la droga que se disputan esos territorios, así que no se trata de un caso aislado, sino que estamos ante la evidencia de un gobierno totalmente omiso y rebasado, y no sólo en el tema de la seguridad pública, sino también ante desastres naturales, como el pasado huracán Otis, porque la atención que se ha brindado por parte del ejército y Guardia Nacional, no puede ocultar la “desaparición”, en la práctica, de las autoridades estatales.
La facultad de disolver los poderes de una entidad federativa es exclusiva del Senado de la República, como lo señala fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y su Ley reglamentaria, que en su artículo segundo señala que “Se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: I. Quebranten los principios del régimen federal. II. Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor. III. Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.”
Como puede verse, la situación del estado actualiza los apartados 2 y 3, de los cinco que incluye el artículo, pues el gobierno ha abandonado el ejercicio de sus funciones y, además, ha afectado la vida del Estado con sus acciones. Por ello, cuestionar si conviene la desaparición de poderes en la entidad es más que pertinente, ya que como es visto a diario, el estado está a la deriva y las autoridades rehúyen asumir sus responsabilidades.
Pero si las autoridades de Guerrero, el secretario de seguridad pública y la gobernadora, no pueden o no quieren hacer su trabajo, desde la ciudadanía se debe exigir a los poderes de la unión hagan algo para intervenir y detener la gravísima situación en que se encuentran las y los guerrerenses. No basta con que renuncien algunos funcionarios, ni basta con que se culpe a uno o dos policías, lo que sucede en el estado no es culpa de un solo miembro de la policía estatal, no nos engañemos, es una situación que lleva el mismo tiempo desde que entró a gobernar Morena, por ello conviene plantear si es necesaria la disolución de los poderes del estado y con ello restablecer el orden y la paz pública.
