Rubén Rocha Moya no solamente fue un candidato impuesto por AMLO dentro de Morena, sino que su triunfo se debió al terror ejercido por el Cártel de Sinaloa entre ciudadanos y miembros de la oposición.
“Si no gana Rocha, los vamos a matar a todos”, fue lo que miembros de los carteles dijeron en repetidas ocasiones a candidatos y operadores políticos de la oposición, muchos de los cuales fueron golpeados y retenidos en sus casas o “levantados” durante la jornada electoral.
Además, robaron urnas, sustrajeron boletas y también golpearon o amenazaron a votantes, a muchos de los cuales vigilaron para que votaran en favor de Rocha Moya.
Estos señalamientos forman parte de la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos armó en contra de Rubén Rocha Moya para solicitar al gobierno de Claudia Sheinbaum su detención con fines de extradición.
En un reporte publicado este 1 de mayo en El Universal se reseña parte del expediente que en 2021 presentaron en Estados Unidos los líderes de la entonces alianza Va por México, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano.
Los tres viajaron para entregar un documento de 53 páginas a diversas instancias internacionales, entre ellas la OEA, el Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La consigna más aterradora que documenta el informe fue la orden directa de los sicarios a los líderes de zona: ‘Si no gana Rocha los vamos a matar a todos’”, dice el reporte periodístico.
En la denuncia se sostiene que “grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección, mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido”.
“Miles de ciudadanos víctimas de esta violencia se vieron obligados a callar. Los abogados prefirieron abstenerse de procesar denuncias de coacción electoral por el crimen organizado. El relato de la jornada electoral del 6 de junio, hecha por miembros de partidos en distintos estados, coincide en un hecho. El crimen organizado apoyó, impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte de los estados de México”, agrega.
Cita por ejemplo el caso de la irrupción de comandos armados en el domicilio del secretario de Organización del PRI en Culiacán, José Alberto Salas Beltrán, en la madrugada del día de la elección. Los sujetos armados lo golpearon y lo mantuvieron secuestrado por 50 horas, con la finalidad de que no organizara la vigilancia de casillas que realizan habitualmente los partidos políticos.
Se reportan en la denuncia “levantones masivos de operadores políticos”, denunciados por testigos protegidos que cuentan que hombres armados los subieron a camionetas, les cubrieron los ojos con cinta canela y los amenazaron para no salir a la calle el día de la elección.
De esta manera se aseguraron no solamente que miembros de la oposición no votaran, sino que tampoco se organizaran para evitar actos fraudulentos en las casillas. “Déjate de pendejadas, mañana no te quiero ver en la calle”, les decían.
En el expediente se documentan hechos de intimidación registrados en Culiacán, Badiraguato, Guasave, Concordia, Elota y otros municipios de Sinaloa, y también abundantes delitos cometidos en otros estados del país.
En la primera página del expediente, dirigido a Luis Almagro, secretario General de la OEA, se dice:
“Le hacemos llegar un documento que engloba diferentes situaciones que enfrentamos como sociedad en México durante las pasadas elecciones del 6 de junio en donde el crimen organizado tuvo una participación activa y que lamentablemente no hubo acciones por parte del gobierno federal para proceder jurídicamente y hacer valer el estado de derecho, convirtiendo este proceso electoral en el más violento de que se tenga registro en nuestro país”.
“Se narran amenazas y el asesinato de 102 candidatos a un puesto de elección popular. Asimismo, según el Instituto Nacional Electoral se registraron 106 denuncias con características propias de violencia política en razón de género” y se dan cifras de delitos y agresiones contra políticos y votantes.
El contenido de este informe fue utilizado por el Departamento de Justicia del país vecino para conformar parte de acusación en contra de Rocha Moya, a quien también se le señala directamente de narcotráfico, contrabando de armas, colusión con miembros del crimen organizado a cambio de protección.
En la acusación se sostiene que gente del entonces candidato Rocha Moya proporcionó a “los Chapitos” nombres y direcciones de adversarios políticos para ser amenazados. En concreto, señalan a Enrique Díaz Vega, que luego fue nombrado por Rocha secretario de Administración y Finanzas.
Todo ello ocurrió con la colusión de la policía estatal, que no respondió a ninguna petición de ayuda de la ciudadanía.
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