La diferencia entre justicia y venganza política suele revelarse cuando el poder decide a quién perseguir y a quién proteger.
El caso de Jesús Murillo Karam es quizá el ejemplo más evidente del uso político de la justicia durante el obradorismo y ahora bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque más allá de las acusaciones formales en su contra, lo cierto es que el exprocurador se convirtió en el trofeo político perfecto para alimentar la narrativa oficial alrededor del caso Ayotzinapa.
Y, sobre todo, para impedir que ciertas líneas de investigación llegaran demasiado lejos.
Murillo Karam lleva años sometido a prisión domiciliaria, convertido prácticamente en símbolo de la llamada “verdad histórica”. Sin embargo, el problema para el oficialismo no fue únicamente la construcción de esa narrativa, sino las implicaciones políticas que había detrás de ella: la responsabilidad del crimen organizado y los vínculos de actores políticos del lopezobradorismo con los grupos criminales que operaban en Guerrero.
Porque el caso Ayotzinapa nunca fue solamente una tragedia estudiantil. Fue también la radiografía de la penetración criminal en la política mexicana.
Las investigaciones originales apuntaban hacia la participación del grupo criminal Guerreros Unidos, la infiltración de policías municipales y la colusión de autoridades locales en Iguala. Y ahí aparece un personaje clave: José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, señalados por sus vínculos con Guerreros Unidos.
Durante años se intentó presentar a Abarca como un personaje aislado. Pero la historia política cuenta otra cosa.
Abarca tuvo cercanía con figuras del PRD de AMLO y buscó respaldo político en el entorno que después terminaría confluyendo en Morena. Diversos reportes y fotografías documentaron encuentros con Andrés Manuel López Obrador durante la etapa en que el entonces líder opositor recorría Guerrero construyendo estructuras políticas.
Pero hay otra figura cuya sombra sigue rondando el caso: Félix Salgado Macedonio.
Salgado ha sido señalado durante años por presuntos vínculos políticos y territoriales con grupos criminales en Guerrero. Distintas investigaciones y testimonios han apuntado a relaciones de poder construidas en regiones dominadas por organizaciones delictivas.
La DEA ha puesto bajo investigación a Salgado Macedonio y a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, por presuntos vínculos con organizaciones como Guerreros Unidos, Los Ardillos y Los Tlacos. Los informes sugieren que estos grupos habrían financiado campañas políticas a cambio de protección o control territorial como la de José Luis Abarca.
Durante su gestión como alcalde de Acapulco (2006-2008), investigaciones y expedientes revelaron que figuras como Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, lo han señalado como un “dócil anfitrión” que permitió la operación del Cártel de los Beltrán Leyva en el municipio. Se menciona que durante su mandato se otorgaron licencias a negocios vinculados al cártel y que los homicidios en el puerto se duplicaron.
Se ha documentado que el suegro de su hija Evelyn, Joaquín Alonso Piedra (alias “El Abulón”), fue detenido en 2016 y vinculado directamente como operador financiero de los Beltrán Leyva.
Aunque nunca ha enfrentado una acusación formal por Ayotzinapa, el contexto político de Guerrero y las redes de poder criminal siempre colocaron su nombre alrededor del caso.
Y ahí radica el verdadero problema.
Si el caso Ayotzinapa se profundizaba en la línea del crimen organizado y sus conexiones políticas locales, inevitablemente se abría la puerta hacia personajes incómodos para el actual régimen.
Por eso Murillo Karam era necesario como villano absoluto.
Convertirlo en símbolo de la mentira permitía desmontar cualquier hipótesis que colocara el peso principal de la tragedia en el narcotráfico y en las complicidades políticas regionales. El discurso oficial necesitaba otro culpable: el “Estado represor” del pasado.
Sin embargo, con el paso del tiempo, múltiples informes, testimonios y filtraciones han vuelto a colocar sobre la mesa algo elemental: los estudiantes quedaron atrapados en medio de una estructura criminal que operaba con control territorial, policías infiltradas y autoridades coludidas.
Es decir, exactamente la línea que el obradorismo buscó desacreditar.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se compara el trato dado a Murillo Karam con la defensa cerrada que hoy el oficialismo brinda a Rubén Rocha Moya.
Mientras Murillo fue exhibido públicamente, encarcelado y utilizado políticamente antes de existir una sentencia definitiva, Rocha Moya recibe respaldo institucional pese a que enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Ahí sí el discurso cambió.
Ahora el oficialismo exige pruebas absolutas, respeto al debido proceso y defensa de la soberanía nacional. Los mismos que durante años condenaron mediáticamente a Murillo Karam hoy descalifican testimonios de narcotraficantes cuando las acusaciones alcanzan a Morena.
La doble vara es evidente.
Para el viejo régimen, bastaban declaraciones y narrativa política.
Para los aliados del poder actual, ni siquiera expedientes judiciales internacionales parecen suficientes.
Esa es la verdadera dimensión del caso Murillo Karam: no solo representa un proceso judicial cuestionable, sino la utilización del aparato del Estado para construir culpables políticamente útiles y proteger a personajes estratégicos del oficialismo.
Porque en el fondo, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta no solo por la desaparición de los estudiantes, sino porque nunca se quiso llegar hasta las últimas consecuencias políticas de la relación entre crimen organizado y poder.
Y ahí es donde aparecen nombres incómodos.
Por eso Murillo Karam continúa bajo arresto domiciliario. No únicamente por lo que hizo o dejó de hacer como procurador, sino porque el régimen necesita sostener una narrativa donde toda la responsabilidad recaiga en el pasado y no en las redes criminales y políticas que sobrevivieron, crecieron y terminaron integrándose al presente.
La gran ironía es que quienes prometieron acabar con la impunidad terminaron perfeccionando su uso selectivo.
Hoy queda claro que en México la justicia no depende solo de los hechos. Depende de a quién protege el poder.
