Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que la reforma judicial es producto de la posverdad y de la falta de un diagnóstico, pese a que la situación del país no permite la improvisación, y advirtió que lo que se busca la subordinación del Poder Judicial al poder político.
Este viernes cinco ministros de la SCJN intervinieron en el panel de diálogo “Reforma judicial: los retos para las personas juzgadoras en México”, organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como parte de su XIX Asamblea General Ordinaria.
Piña Hernández fue la que abrió ese panel con un discurso en el que fue severa con la reforma constitucional en materia judicial. Comentó que ella ha sostenido que es necesaria una reforma, pero que, por el contexto complejo que vive el país, no se puede permitir la improvisación, “ni mucho menos de esta magnitud y de consecuencias, hasta ahora, impredecibles”.
La ministra presidenta señaló un par de “evidentes retos de origen” (así les llamó) de los que es producto la reforma judicial. Así se refirió al primero, referente a las mentiras divulgadas por el gobierno y el oficialismo: “Se está innovando a partir de una narrativa repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos, entonces, ante un caso típico de posverdad, en la que los hechos objetivos y verificados han tenido menos influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos, que las apelaciones a las meras creencias, a los sentimientos o a las emociones”.
El segundo es que la reforma judicial fue concebida sin contar con un diagnóstico de la situación del Poder Judicial, como fue reconocido por el propio representante del Estado mexicano en la audiencia en la que se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También comentó la destrucción de la carrera judicial, las mayores presiones sobre las personas juzgadoras y de la afectación que se causa a la democracia misma: “No debe extrañarnos que varias voces hayan sostenido que el establecimiento de la elección de personas juzgadoras por voto popular, destruyendo el sistema de carrera judicial y profesionalismo construidos durante décadas, y sometiéndolos a presiones políticas constantes para asegurar su reelección pudiese resultar en la advertencia de Tocqueville en el sentido de que esas innovaciones tendrán, tarde o temprano, determinados resultados, y que se dará cuenta, un día, de que al disminuir así la independencia de los magistrados no sólo se ha atacado al Poder Judicial sino a la república democrática misma”.
La ministra también enfatizó en que ninguna falla del sistema de justicia puede justificar la liquidación de la carrera judicial, ni mucho menos “el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no sólo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.
Piña Hernández recurrió a una cita del ministro en retiro Juan Silva Meza para señalar con claridad el objetivo de la reforma judicial: “Pretende, más que un nuevo diseño judicial, un desmembramiento constitucional, una dislocación del principio de división de poderes que reubica al Poder Judicial como órgano subordinado del poder político hegemónico. La reforma, por tanto, no se dirige a combatir los pendientes reales de la judicatura, sino a capturar al Poder Judicial”.
