La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió desde abril de 2021, una recomendación a las autoridades del municipio de Teuchitlán, Jalisco, por el incumplimiento de medidas de prevención frente a la incidencia de desaparición forzada de personas en el estado. Dicha notificación no fue atendida.
En el documento, recuperado por el sitio digital Eme Equis, se indica que el gobierno municipal de Teuchitlán fue omiso al no generar acciones de coordinación con autoridades estatales y federales para prevenir desapariciones, tales como elaboración de protocolos de búsqueda permanentes y capacitación de los cuerpos de seguridad, establecidas en tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano.
En atención a una queja presentada desde 2020, la CEDHJ preguntó a las autoridades municipales si contaba con estadísticas sobre desapariciones, programas de prevención, grupos especializados de búsqueda, o áreas de atención a víctimas. En su respuesta oficial, reconocieron que no contaban con personal especializado, grupos de búsqueda ni mecanismos de atención o apoyo para familiares de desaparecidos.
En la fecha en que se emitió esta recomendación, el gobierno municipal de Teuchitlán era encabezado por José Alejandro Arreola Soto, del partido Morena. Su gestión inició el 1 de octubre de 2018 y concluyó el 30 de septiembre de 2021.
Lo sucedió en el cargo José Asunción Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, quien actualmente cumple su segundo periodos, tras ser reelecto en los comicios de 2024, es decir, concluirá en septiembre de 2027.
Al gobierno emecista le correspondió participar en el operativo de la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre, efectuado en septiembre de 2024, en el que se detuvo a diez personas, se liberó a dos personas secuestradas y se encontró a una persona sin vida.
Ni el gobierno municipal de Morena ni el de MC, atendieron la recomendación 104/2021 de la CEDHJ en donde se advierte a tres años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en el municipio de Teuchitlán incumple con sus disposiciones. El organismo consideró entonces que se vulneró el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas, el derecho a la verdad, a la vida, a la libertad personal, a la integridad, a la asistencia a víctimas del delito y al recurso judicial efectivo.
A más de tres años de haber sido emitida, la resolución de la CEDHJ cobra vigencia a la luz de las denuncias de colectivos de familiares de desaparecidos, en marzo pasado, en el sentido de que en el rancho Izaguirre se encontraron restos humanos y evidencias de que operaban crematorios posiblemente asociados a desapariciones. Además de la negligencia de los gobiernos estatal y federal, las organizaciones también han señalado la falta de intervención del gobierno municipal.
De acuerdo con datos de la Comisión y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta febrero de 2021 Jalisco concentraba 11 mil 851 casos de desapariciones, con un promedio de 7.8 diarias en los tres años previos.
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