Artículo 19: sentencia contra Sanjuana Martínez vulnera la libertad de expresión

La organización no gubernamental Artículo 19 calificó la sentencia por difamación en contra de Sanjuana Martínez es una violación al debido y “atenta contra la libertad de expresión”.


“La sentencia además de violentar el cumplimiento de los estándares más altos en materia de libertad de expresión, fue emitida por un juez (sic) que se había declarado incompetente para conocer el caso”, afirma Artículo 19 en un comunicado.


El pronunciamiento se da un día después de que el exdirigente del PRD, Jesús Ortega, diera a conocer la sentencia definitiva de la jueza Martha Roselia Garibay Pérez en contra de Martínez por difamar al perredista, a finales de 2013.


La calumnia se dio en dos textos publicados en Sin Embargo donde, sin ninguna prueba, la excolaboradora de La Jornada acusó a Ortega Martínez de ser cliente de un bar donde había una red de trata de personas.


Según consta en el acta, Sanjuana Martínez no presentó ninguna prueba de las acusaciones y los únicos elementos probatorios que dio fueron unas copias fotostáticas de los testimonios en los que basó sus textos, aunque en estos no hay una referencia directa hacia el perredista.


Al respecto, Artículo 19 afirma que la exarticulista de Proceso no tuvo acceso al expediente durante todo el juicio por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa. Asimismo, asegura que no se acreditó que se cometiera un daño moral y al honor de Ortega Martínez.


Agregó que “los procesos civiles contra periodistas deben comprobar fehacientemente el vínculo entre la afectación alegada y los efectos reales del daño que se alega” y no deben culminar en “la imposición de sanciones e indemnizaciones excesivas ni desproporcionadas”, a pesar de que dicho pago aún no ha sido fijado por la jueza.


Martínez, en entrevista con Sin Embargo, insistió en que se le negó el acceso a la justicia porque, según sostiene, no fue notificada del proceso en su contra ni de la sentencia (lo que afirma impidió que apelara la resolución).


“No se me permitió el acceso a la justicia. El señor Ortega quería la identidad de las víctimas, algo que me negué a revelar. Prefiero la cárcel que vulnerar la seguridad de las víctimas, a quienes hay que seguir defendiendo contra el terrible delito de la trata de mujeres”, dijo.


 


mahy

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