Apenas un día después de la presentación del Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos, salió a la luz un nuevo caso de presunto abuso de autoridad, extorsión y secuestro que involucra a policías federales y que ya investiga la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado difundido el martes 19, la instancia federal informó que a través de su Visitaduría General indaga la probable participación de dos elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes en coautoría con dos civiles, uno de los cuáles poseía una credencial robada de dicha corporación, fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por la probable comisión de delitos de secuestro express, extorsión y abuso de autoridad.
Lo anterior, luego de que acudieran a un edificio de departamentos el pasado lunes que se localiza en la esquina de Indiana y Texas, en la colonia Napóles de la delegación Benito Juárez, para realizar un supuesto operativo contra la trata de personas y prostitución.
Los dos elementos federales, identificados como Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez acudieron en compañía de Ángel García Verduzco, quien se ostentaba con una cédula profesional de abogado y dijo ser Ministerio Público Federal y de Víctor Manuel Carmona Cacelín, el portador de la credencial robada.
De acuerdo con las investigaciones, los responsables ingresaron al domicilio donde había 15 mujeres originarias de Venezuela, Argentina y Uruguay, las detuvieron y maniataron sin justificación para exigirles dinero a cambio de no ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Una de ellas logró dar aviso a las autoridades de la CDMX, quienes se trasladaron al domicilio y detuvieron en fragancia a los servidores públicos puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El Ministerio Público del fuero común se puso en coordinación con la Visitaduría General para determinar la declinación de competencia del caso, dada la participación en los hechos de servidores públicos de la PGR.
Además de este proceso los elementos federales serán dados de baja. Las víctimas en tanto fueron asistidas por personal de la Procuraduría capitalina, la cual resolverá su situación en coordinación con las autoridades migratorias, indicó la PGR.
