El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) coinciden la más de las veces en los casos que les toca resolver, pero hay otros, son los menos, en que su punto de vista es distinto y son éstos los que ocupan espacio en los medios de comunicación y en las redes.
Al INE le toca organizar y administrar los procesos electorales y al TEPJF revisar y resolver, con apego a la Constitución y al marco legal electoral, los medios de impugnación que se le presentan y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. El Tribunal es la autoridad jurisdiccional definida por la Constitución como última instancia en materia electoral.
El TEPJF tiene la última palabra en la calificación de los procesos electorales y sus decisiones en esa materia ya no pueden ser revisadas ni modificadas por ninguna otra instancia. Los siete magistrados que lo integran tienen la obligación, más allá del ánimo social que se perciba sobre tal o cual elección, partido o candidato, de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes electorales.
Los magistrados electorales pueden estar o no de acuerdo con el marco jurídico, pero al margen de su opinión o preferencia, su mandato constitucional es precisamente hacerlo valer. Escuchan los alegatos de las partes, conocen las opiniones expresadas en los medios y están al tanto del estado de ánimo social en torno a la competencia política. Sin embargo, su compromiso es con la Constitución y con las leyes electorales.
Si los magistrados elaboraran sus sentencias atendiendo a la presión de los quejosos, el enojo de la sociedad o a sus propias filias o fobias, faltarían a su responsabilidad, le fallarían a la gente y harían un grave daño a la democracia. La sociedad espera de ellos que su único criterio y valoración sea que impere la ley en materia electoral.
En la mesa del Consejo General del INE discuten y toman decisiones 11 consejeros electorales, los consejeros que representan al Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos. Por esa composición, en sus discusiones se hacen presentes, muchas veces con gran intensidad, las visiones e intereses de los partidos políticos.
En el actual sistema de elección de los magistrados del TEPJF, los ecos de la agenda política nacional también se hacen presentes, de manera indirecta, en la medida en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone a los candidatos, pero es el Senado, donde están representados los partidos, quien los elige por consenso y les toma protesta.
Los magistrados, una vez designados, se deben a su conciencia, a su capacidad profesional y conocimiento técnico, y al estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, ya no a quien en el Senado los pudo impulsar para su nombramiento. Esta condición es la base de su autonomía y de su independencia, para que puedan ejercer debidamente su función y sean realmente garantes de que las controversias electorales, más allá de la presión y la estridencia política y mediática, sean resueltas con justicia.
La joven democracia mexicana tiene en el TEPJF una herramienta fundamental. La sociedad y los partidos políticos deben favorecer y vigilar la fortaleza, la autonomía y la independencia de esta institución de la República, porque sólo así puede cumplir con su imprescindible misión: “Actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.
Este artículo fue publicado en El Economista el 6 de noviembre de 2017, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
