Cuando la política se impone a la transparencia
Después de casi cuatro días de revuelo informativo, aclaraciones y golpeteo político principalmente en las redes sociales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ofreció el 24 de julio una conferencia de prensa para atajar los señalamientos de actuar por consigna en la sanción al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el caso del fideicomiso “Por los demás”; defendió el trabajo hasta entonces efectuado por la Comisión de Fiscalización y dejó en claro que, sea cual fuere la resolución final sobre este asunto, no influirá en modo alguno en el resultado de los comicios del 1 de julio y, en concreto, en la victoria de Andrés Manuel López Obrador.
Fotos: Cuartoscuro
La multa por 197 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades en la conformación y operación del citado instrumento financiero es un asunto de interés periodístico, no sólo por el hecho en sí mismo, sino por tratarse del partido que en la pasada elección ganó por un amplio margen la Presidencia de la República, la mayoría en ambas cámaras y cinco de las nueve gubernaturas en disputa.
Pero justamente por esa circunstancia, la mayor parte de los medios de comunicación titubearon en su reacción inicial sobre este asunto e incluso intentaron relegarlo de la agenda informativa, sin embargo, a partir de que el ganador de la elección presidencial López Obrador tomara en sus manos el manejo comunicativo del tema, la prensa amplió significativamente su cobertura con los mismos matices que ha tenido en la arena política: una confrontación de buenos contra malos en donde el virtual presidente electo acusa un nuevo complot en su contra por parte de una “mafia del poder” que se resiste a desaparecer. Esta batalla desvió la atención del verdadero foco de este caso: la transparencia y la solidez informativa.
Una noticia transcendente que buscaba escribirse en letras chiquitas
La tarde del miércoles 18 de julio, por diez votos contra uno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió multar con 197 millones de pesos al Movimiento de Regeneración Nacional por irregularidades en la constitución y operación del fideicomiso “Por los demás”, mediante el cual se distribuyeron apoyos a damnificados por los sismos de septiembre de 2017. El órgano electoral encontró vínculos entre el otorgamiento de estas ayudas y el instituto político, que contravienen varias disposiciones de la legislación electoral vigente.
Aun cuando se trató de la tercera multa más grande en la historia de los procesos electorales, aplicada al partido que recién ganó la elección presidencial, la mayor parte de los diarios de circulación nacional registraron el hecho en un cintillo o en un pequeño recuadro de sus primeras planas del jueves 19 de julio; únicamente La Crónica de Hoy y Ovaciones lo colocaron como su noticia principal. En los medios electrónicos se registró la información durante la tarde del miércoles 17 y la mañana del 18, aunque no se le dio un realce especial al tema.
La mayor parte de las notas que los diarios impresos relegaron a páginas interiores se concentraron más en consignar el pleito entre los consejeros electorales que votaron a favor del proyecto de la Comisión de Fiscalización y el único de ellos que votó en contra, así como en el representante de Morena, Horacio Duarte Olivares, quien acusó al INE de filtrar la información a la prensa antes de que se conociera el dictamen para afectar a su partido.
El equipo de investigaciones especiales del portal Aristegui Noticias se diferenció de esa tendencia informativa al dar cuenta de que, por medio de una solicitud de transparencia, buscó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena le diera acceso a datos sobre el fideicomiso cuya creación se anunció en una sesión de consejo del 23 de septiembre de 2017. La respuesta fue negativa, bajo el argumento de que, por tratarse de un instrumento financiero creado por particulares, no tendrían ninguna obligación legal para informar al respecto.
La información sobre el porqué de la resolución del INE comenzó a llegar con un poco más de detalle hasta el 19: en Milenio Diario, se publicó un artículo donde el consejero Ciro Murayama, quien preside la Comisión de Fiscalización, explicó los pormenores del dictamen. Expuso que, a pesar de que Morena aduce que el fideicomiso es un ente privado, su creación surge dentro de una sesión de consejo de este instituto político y es anunciada por quien entonces era su presidente nacional. Asimismo, indicó que el INE no fue notificado sobre la conformación de este instrumento y tampoco se le reportaron las operaciones efectuadas por sus fideicomitentes, la mayoría de ellos con una relación directa con el partido.
Detalló que, con base en lo establecido en la legislación vigente, los partidos políticos no deben repartir dinero ni ningún otro tipo de bien dentro del calendario del proceso electoral; también tienen restricciones para recibir donativos en efectivo y, durante la investigación de este caso, se pudieron acreditar una serie de transacciones irregulares con recursos en efectivo, cuyo destino aún no ha sido posible determinar. Es decir, en el proyecto nunca se asegura que Morena usó los recursos con fines proselitistas porque no hay los elementos para ello, dado que se pierde el rastro del dinero después de los retiros bancarios. No obstante, puntualizó que el partido infringió la ley al crear un esquema de financiamiento irregular, aun si acredita que los recursos recibidos se entregaron a personas damnificadas.
Venganzas y mala fe
A partir del mediodía del jueves 19, el tratamiento de la información relacionada con la sanción del INE a Morena por el caso del fideicomiso dio un giro cuando Andrés Manuel López Obrador, quien se encontraba de vacaciones, rompió el silencio y, por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, aseguró que la multa impuesta por el INE fue una “vil venganza”; acusó un intento de “enlodar una causa humanitaria” y anunció que acudiría a los tribunales. El virtual presidente electo, una vez más, marcó la pauta a los medios sobre el rumbo que debía tomar la discusión pública sobre el asunto del fideicomiso.
La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, en algunas entrevistas a medios (pero principalmente en las redes sociales), continuó con la línea discursiva que marcó López Obrador en las redes sociales: acusó dolo y manipulación del INE a través de los medios de comunicación para manchar el triunfo electoral del tabasqueño; en un sentido similar se pronunció el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares. Poco a poco, en las redes sociales comenzaron a generalizarse las reacciones airadas en contra del INE por parte de los seguidores de López Obrador.
Los medios impresos y electrónicos que en un primer momento no habían dado la importancia debida a la multa de Morena, incrementaron significativamente su cobertura con el enfoque de una confrontación entre López Obrador y el INE. Fue así que en sus versiones electrónicas, diarios como La Jornada, El Universal y los servicios informativos de Televisa, Radio Fórmula, Grupo Imagen y MVS comenzaron a darle un gran relieve a la hipótesis del tabasqueño y a contrastarla con la visión del INE, pero dando preeminencia a la primera parte de la ecuación. En las primeras planas del sábado 20 ya hubo una tendencia a destacar el tema, pero como un choque de trenes entre López Obrador y el INE. La del periódico Reforma, decía textualmente: “Chocan AMLO-INE ¿Vileza o evidencia?”, en cuya nota central se dieron más detalles sobre las presuntas irregularidades encontradas por el órgano electoral.
Pese a que el diario acompañó su cobertura con otras notas que la equilibraban (como el reporte de los testimonios de damnificados de Jojutla, Morelos, que afirmaban haber recibido la ayuda del fideicomiso), López Obrador arremetió contra el diario en una conferencia de prensa el día 20, en la que acusó que el rotativo, en complicidad con la Secretaría de Hacienda y el propio INE, habían orquestado un nuevo complot en su contra. Ese día informó que él había donado 500 mil pesos al fideicomiso, producto de las regalías de sus libros. No obstante, en un reporte del portal Animal Político se registra que no hay evidencia de estos depósitos en los documentos bancarios que contiene el expediente del INE.
En los medios normalmente afines a López Obrador, Jenaro Villamil señaló en su videocolumna del viernes 19 que “se había acabado la luna de miel y comenzaron los golpes jurídicos contra Morena y López Obrador”. Si bien reconoció que los fideicomisos son un arma de doble filo porque se prestan a manejos opacos de los recursos, no hizo una crítica abierta a Morena por este caso y, en cambio, sugirió un posible desquite de un INE integrado por un reparto de cuotas entre partidos hoy disminuidos en su fuerza electoral, por la arrolladora victoria de Morena.
A su vez, Julio Hernández López no descartó en sus redes sociales la posibilidad de una “tentación anulista” del triunfo de López Obrador. En su columna del lunes 23 en La Jornada, reitera esta teoría (aun cuando admite que el escrutinio institucional y mediático en los procesos electorales es saludable): advierte del “peligro” de que el “intento de golpismo legaloide” haga rebasar al INE el terreno de lo jurídico para tratar de revocar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. “El tribunal electoral (gulp), la institucionalidad (dos veces gulp), tiene ahora la palabra”, especula. El mismo rotativo dirigido por Carmen Lira, en su nota de seguimiento a este asunto publicada en la referida fecha, señaló que el comité técnico del fideicomiso exploraba algunas opciones de defensa jurídica ante “la embestida” del INE.
Con su respectivo acompañamiento en la mayor parte de los medios, López Obrador declaró por cuatro días consecutivos que el INE había cometido una vileza y un acto inmoral en su contra; acusó a los consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños de ser “conservadores” y de estar vinculados al PRI. Las consecuencias de sus palabras no sólo encontraron eco en la prensa tradicional, sino en las redes sociales donde podían encontrarse reacciones tan exacerbadas como la del escritor Fabrizio Mejía, quien en su cuenta de Twitter, el día 22, promovió una petición en Change.org para demandar la desaparición del INE o para cambiar a sus “consejeros corruptos”.
Los detalles de los que no todos hablaron
En medio del revuelto mar de información sobre el fideicomiso que ya inundaba los medios y las redes sociales, siguiendo la ruta marcada por López Obrador, algunos medios de comunicación dieron a conocer ciertos detalles que no tuvieron una cobertura generalizada, como las acusaciones hacia el órgano electoral.
Por ejemplo, el periódico La Crónica de Hoy informó el 19 de julio que los escritores Elena Poniatowska y Paco Ignacio Taibo II se deslindaron del manejo financiero del fideicomiso y manifestaron que si bien apoyaban cualquier acción que ayudara a los afectados por los sismos, no querían estar implicados en cuestiones financieras que desconocían; además de que los fideicomisos se prestan a interpretaciones que pueden desvirtuar las causas más nobles, como en este caso. De esta información, sólo algunos otros medios como etcétera, 24 Horas o The Huffington Post dieron cuenta. Más aún, en las entrevistas de medios que daba la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, seguía citando a los escritores como un referente moral para garantizar la legalidad del fideicomiso.
En su conferencia de prensa del sábado 21 de julio, López Obrador aseguró que la cuenta del fideicomiso “Por los demás” había sido congelada por órdenes del INE y que, en cuanto se reactivara, se continuaría con las donaciones para quienes lo necesitan. Sin buscar una confirmación o desmentido al respecto, la versión se dejó correr y los trending topic en contra del INE continuaron.
Fue hasta el lunes 23 cuando, en su noticiero nocturno en Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva hizo la aclaración de que la cuenta del fideicomiso estaba activa. Su equipo realizó en ella un depósito de 50 pesos y mostró el comprobante de la operación; también precisó que, de acuerdo con información requerida al INE, éste dejó claro que no tiene atribuciones para congelar cuentas y que eso es competencia sólo de la PGR, en este caso, de la Fepade, instancia a la que no se había dado vista de la investigación, por no haber materia para ello.
También el día 23, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en donde negó haber filtrado a la prensa cualquier tipo de información sobre este asunto; más aún, aclaró que no es de su competencia efectuar indagatorias de carácter electoral y que únicamente atendió requerimientos informativos por parte del INE. La dependencia se deslindó así del presunto complot denunciado por López Obrador. El eco mediático de la aclaración de Hacienda fue, con mucho, menor al de las acusaciones en su contra, no sólo de parte del virtual presidente electo, sino de Horacio Duarte y el comité técnico del fideicomiso.
Nunca fue mentira
Desde la semana previa a la elección, esta casa editorial adelantó que, de acuerdo con el proyecto elaborado por la Comisión de Fiscalización del INE, se acreditaron irregularidades por parte del Movimiento de Regeneración Nacional en la conformación y manejo de un fideicomiso cuyo objetivo era presuntamente apoyar a damnificados por los sismos de septiembre. Detalló que se había detectado un esquema de financiamiento irregular y operaciones financieras cuyo destino no había podido ser establecido, lo cual constituía una flagrante transgresión a la ley electoral. En las redes sociales, este medio de comunicación y otros más que recuperaron esta versión fueron objeto de insultos y falsos señalamientos.
El dictamen emitido por el Consejo General del INE el 18 de julio confirmó estas anomalías y, más allá de la decisión que finalmente tome el Tribunal Electoral, la exposición de este caso puso sobre la mesa de discusión la necesidad de exigir transparencia a los actores y partidos políticos en el manejo de sus recursos financieros y en su actuación a la hora de ejercer el poder.
El INE no hizo un control de daños del todo oportuno y se vio nuevamente asediado por las especulaciones en las redes sociales y las exigencias políticas y mediáticas de no atacar al ganador de la elección presidencial y no demorar la entrega de su constancia de mayoría, función que no le corresponde a este órgano, sino a TEPJF una vez que califique el proceso electoral en su conjunto.
También sirvió para poner una vez más a prueba a los medios de comunicación que, con la nueva correlación de fuerzas tras el proceso electoral, se debatieron entre su deber de informar con solidez y equilibrio informativo, y ceder a la tentación de no incomodar a quienes dentro de pocos meses asumirán el poder.
