En México, el apagón digital es un fracaso de política pública que puede dejar a cerca de diez millones sin señal de televisión abierta; números más o menos, la magnitud del tema es irrefutable y la tendencia también lo es, desde Tijuana hasta Monterrey. (Por cierto qué bueno que tales traspiés no se dieron este fin de semana en Jalisco, Colima y Nayarit, con el ciclón “Patricia”)
Desde nuestro punto de vista, ningún tipo de proclama machacona puede ni debe justiciar al gobierno federal y al órfano regulador (el IFT). El quid de todo esto no es la baja calidad de los contenidos de la televisión –que, en efecto, son alarmantes– ni el tema puede reducirse a la proverbial perspicacia de la conjura y las acusaciones de siempre de que el Congreso ha sido doblegado por los “poderes fácticos”.
Claro que faltan alternativas en televisión abierta –incluso, la concentración en dos ofertas es perniciosa para el país– pero precisamente esa ineficacia es la que provocó que el apagón digital deba ser pospuesto, pero no solo por eso: además porque al menos 33 televisoras públicas, subrayamos, públicas, no tienen los recursos que debieron recibir para enfrentar el apagón. Ah, pero con tal de perseverar en la militancia mejor se defiende a la televisora de Olegario Vázquez Raña o se hace cualquier cosa con tal de seguir la causa o la encomienda.
No cabe duda, el gobierno y el IFT son responsable de este fracaso y deben dar respuesta a esas televisoras públicas y a los nuevos competidores. El apagón debe ser aplazado junto con una estrategia que garantice resultados.
Defender al gobierno federal es vergonzoso.
