En la edición impresa de noviembre, que ahora mismo está circulando, etcétera documenta los traspiés de la transición análoga a la digital en nuestro país y muestra la conveniencia de aplazar el llamado apagón, definido constitucionalmente al iniciar el siguiente año. A pesar de que todos los indicadores muestran la necesidad de posponer esa medida, que dejará sin el servicio de televisión abierta a millones de mexicanos, la decisión ha sido mantenerla. .jpg)
El fracaso de esa política pública es evidente, aunque incluso hay quienes, haciéndose pasar como expertos, traten de justificar las pifias del gobierno federal con la gastada estratagema de que diferir el apagón implica que el Congreso habría claudicado frente a las televisoras.
El espantajo generado por esa forma de reducir la complejidad del tema no puede esconder el hecho de que las televisoras públicas y culturales no están listas, no tienen los recursos, para enfrentar la transición digital terrestres,(TDT), y así lo han hecho saber una y otra vez a las autoridades y al propio Congreso. Por eso estamos de acuerdo con la iniciativa que ayer planteó el senador Roberto Gil, quien propone la modificación constitucional que les permita aplazar ese proceso a tales radiodifusoras (además de que no se realice la transición en las estaciones repetidoras de televisión que tengan una potencia menor o igual a un kilowat, hasta que no se garantice que el 90%, como dice la ley, tenga la infraestructura necesaria para integrarse a ese proceso.
Nos parece sensato lo expuesto por el senador:
“Aquellos operadores de televisión pública, educativa y social que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación, dar aviso al IFT, a efecto de que les autorice la suspensión temporal de transmisiones”.
Esperamos que la decisión sea favorable a esta iniciativa.
