Este viernes, el Congreso Extraordinario de la FIFA anunció una serie de modificaciones a su sistema de gobierno, con las cuales buscan limitar los años al frente de puestos directivos e incluir la presencia de la mujer.
El documento aprobado con 179 votos a favor y 22 en contra, entrará en vigor en los próximos 60 días. Fecha a partir de la cual se estipula una clara separación entre las funciones políticas y las de gestión.
Uno de los puntos indica que el Comité Ejecutivo se transformará en un Consejo de 36 miembros y un presidente, quienes se encargarán de fijar la dirección estratégica global de la organización.
Dicho Consejo tendrá nueve representantes de la UEFA, siete de Asia, siete en África, cinco en la CONCACAF (Norte y centro de América), cinco de la CONMEBOL (Sudamérica) y tres en Oceanía.
Asimismo, el Consejo nombrará y podrá destituir al secretario general, quien desempeñará la función de director general de la organización, encargado de supervisar las acciones operativas y comerciales.
La promoción de la mujer es uno de los ejes centrales de las nuevas medidas, pues buscan lograr la equidad de genero al incluir al menos una integrante femenina en cada una de sus seis confederaciones.
Para evitar escándalos de corrupción se publicarán anualmente los sueldos de los miembros del Consejo y del secretario general.
Además de que el mandato para el residente de la FIFA, los miembros del Consejo, los miembros de la Comisión de Auditoría y Conformidad y las instancias judiciales tendrán un periodo de gobierno de máximo 12 años.
Se reducirá el número de comisiones permanentes, de 26 a nueve, se crearán un Comité de Control y un Comité de Gobernanza, que se constituirán en el Congreso Ordinario de mayo en México.
La Comisión de Gobernanza tendrá un mínimo de tres y un máximo de 12 miembros, elegidos por el Congreso, y la Comisión de Control, integrada por el presidente, el vicepresidente y un miembro independiente del órgano anterior.
La FIFA organizará una Conferencia de sus asociaciones como mínimo una vez al año, donde se analizará el flujo monetario y se revisará la aplicación de los principios universales de buena gobernaza.
Todo lo anterior será monitoreado por un comité independiente de auditoría y cumplimiento.
(Con información de EFE)
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