Amnistía Internacional (AI) pidió declarar emergencia nacional por la crisis de desapariciones en México, que a la fecha suman alrededor de 133 mil, además de 72 mil cuerpos que no han sido identificados y un nivel de impunidad de 99.6% en estos casos.
De esta forma, el organismo respaldo al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), que en semanas pasadas presentó un informe sobre esta problemática que fue desacreditado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien calificó el reporte como tendencioso.
En un posicionamiento, AI cuestionó el discurso oficial que atribuye las desapariciones exclusivamente al crimen organizado; indicó que se han documentado casos en que los grupos delincuenciales actúan con la complacencia de las autoridades, y peor aún, otros en los que servidores públicos de diferentes niveles, están directamente involucrados.
Asimismo, advirtió que los recientes cambios constitucionales en materia judicial en México, podrían debilitar aún más el acceso a la justicia y a la información pública; de igual manera, hizo énfasis en los colectivos de madres buscadoras, que han enfrentado agresiones y amenazas, no solo de los grupos delictivos, sino de las propias autoridades, lo cual es preocupante, dado que estas agrupaciones están haciendo un trabajo que le corresponde al Estado mexicano.
Detalló que desde 2006 a la fecha, se han registrado 118 mil 207 casos de desapariciones, que representan 89% del total; también se han encontrado 5 mil 696 fosas clandestinas a lo largo y ancho del país y se ha acreditado que de cada mil casos, solo en cuatro se ha logrado una condena contra los responsables. De igual forma, subrayó que actualmente existen en México 2 mil 341 colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos.
Ante tal panorama, Amnistía Internacional formuló tres puntos concretos al Gobierno de México: declarar emergencia nacional con metas medibles; otorgar reconocimiento y protección a los colectivos de búsqueda y aceptar la asistencia internacional para atender la situación y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Cabe recordar que tras conocerse el informe del Comité contra la Desaparición de la ONU, el Gobierno de México emitió un comunicado suscrito por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, con fecha del 2 de abril, en el cual desacreditó el estudio argumentando que era tendencioso y no estaba tomando en cuenta los esfuerzos de la actual administración para enfrentar esta problemática.
Cuatro días más tarde, en su conferencia de prensa del 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta posición asegurando que el reporte se basa en los casos ocurridos en cuatro estados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para luego “extrapolarlo” hasta 2025, por lo que consideró que la metodología con que se realizó el informe es “cuestionable”; asimismo, insistió en que los casos de desaparición son responsabilidad del crimen organizado, argumentando que en el actual gobierno “ya no existen” los casos atribuidos al gobierno por razones políticas.
Tras varios días de descalificaciones por parte de funcionarios públicos, así como medios y periodistas afines al régimen, este lunes 13 de abril, la mandataria mexicana anunció que en breve recibirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y que en, conjunto con un grupo interdisciplinario conformado por las secretarías de Gobernación, Seguridad y Relaciones Exteriores, revisarán el informe del CED, para preparar “una respuesta oficial”.
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