El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que 2017 fue el año en que la CNDH emitió más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, lo que denota que México requiere una revisión integral y un replanteamiento urgente de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
Al presentar su Informe de actividades 2017 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional destacó que los índices históricos de violencia en el país son evidencia de que las autoridades han fallado en su obligación y responsabilidad de proporcionar niveles mínimos de seguridad.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que “las circunstancias de este año permiten advertir un panorama político sumamente competido; lo que ocurra en este proceso (electoral) marcará el futuro del país”.
En el desglose de su informe, indicó que se recibieron 38 mil 722 escritos de queja que derivaron en la apertura de 25 mil 959 expedientes, 700 más que en 2016. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución más señalada con dos mil 634 quejas (un incremento del 27% en comparación con 2016); le siguió el ISSSTE con mil 78; la Secretaría de Educación Pública (SEP), 656; el Instituto Nacional de Migración, 521; la Policía Federal, 425; la PGR, 422; la Sedena, 415; la Sedesol, 386; y la Secretaría de Marina 259.
En cuanto a la ley de seguridad interior, opinó que el articulado es contrario al contenido y esencia de la reforma de 2011, en tanto que genera la posibilidad de que se vulneren los derechos y libertades básicas.
Explicó que uno de los argumentos para fundamentar la ley de seguridad interior fue dar certeza a la población y a los elementos de las fuerzas armadas, pero “lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio a los integrantes de las fuerzas armadas”.
“La ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita que el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las fuerzas armadas”, aseguró el funcionario.
Sobre las policías en el país, expresó que existe una deficiencia en el diseño institucional, así como inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección. “Esta realidad que nos desafía y confronta, deja en claro la falta de políticas públicas integrales y pertinentes en materia de seguridad y justicia”.
En cuanto al caso Ayotzinapa, Luis Raúl González Pérez, agregó que la CNDH continuó con la integración del expediente y de los 57 puntos propuestos por el organismo a las autoridades, solo 9 fueron completamente atendidos, 36 estaban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos.
(Con información de El Universal)
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