El abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba se deslindó del caso del proyecto de construcción de un edificio de 30 niveles, en Rubén Darío 225, colonia Polanco, de la empresa ABILIA, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, quien acusó de extorsión a Teresa Adriana Pérez Romo y a su esposo, el periodista Joaquín López-Dóriga.
De acuerdo con un video difundido por Reforma el 21 de agosto, Becerra Pocoroba era uno de los abogados personales que asesoraba a Pérez Romo en la supuesta extorsión, en la que se pedían cinco millones de dólares para no exhibir las irregularidades del inmueble y que López-Dóriga no “destruyera” a la empresaria en los medios.
“Debo aclarar que no soy, ni he sido apoderado personal, ni abogado personal, ni representante personal de la Sra. Pérez Romo; jamás he actuado a nombre de ella, ni con su representación particular”, se lee en la inserción pagada que hoy publica Reforma, rotativo que se ha encargado de darle difusión al caso.
Respecto a la supuesta extorsión, el litigante explica que, en noviembre del año pasado, el caso fue presentado a su despacho por “un grupo de vecinos de la zona de Polanco, colindantes al terreno y construcción antes referida; por lo que, en atención a su solicitud, emití una opinión jurídica sobre las diversas irregularidades de dicho proyecto”.
Relata que debido a esta petición, se iniciaron los trámites legales y “el pasado 11 de mayo del presente, la desarrolladora ABILIA hizo una propuesta de negociación a los vecinos, misma que no cubría sus expectativas de mitigación del daño ocasionado”, por lo que los vecinos procedieron a hacer una propuesta como respuesta “sobre la base de obras de compensación y mitigación”.
Con relación al video, el abogado aclaró que “lo que se estuvo negociando fue el valor de las obras de mitigación, y nunca un pago de dinero, en efectivo, como falsamente se imputa en los videos burdamente editados y entregados a Reforma“.
Pese a las acusaciones de Aramburuzabala, en etcétera difundimos una carta del consejo vecinal de la zona donde se oponen al proyecto de construcción del edificio, así como una carta de la consultora Llorente y Cuenca, empresa “de gestión de la reputación, la comunicación y asuntos públicos”, en la que se explica a comunicadores y líderes de opinión la forma en que se debe abordar el tema.
mahy
