Durante la discusión del caso Ayotzinapa ayer en la Cámara de Diputados, el legislador priista Luis Miranda Nava dijo que, en acuerdo con Enrique Peña Nieto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombrará al nuevo fiscal de la nación, con lo cual se podrá dar fin a lo ocurrido hace cuatro años en Iguala, Guerrero.
El diputado tricolor expresó: “El presidente de la República, en acuerdo con el señor presidente electo, han establecido que él nombre al fiscal general de la nación, con la mayoría de ustedes pero, sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas. Serán ustedes quienes elijan, será este Congreso quien elija al procurador. Está en manos de este Congreso, está en las manos del próximo fiscal encontrar la verdad”.
Antes de él, Víctor Adolfo Mojica, legislador por Morena, dijo sobre el asunto de Ayotzinapa que “se han observado omisiones, complicidades, simulaciones, ausencia de interés e incluso desprecio a la vida de sus gobernados por los responsables de las dependencias involucradas en la investigación del caso, y por el mismo Presidente de la República que, con fastidio, exigió a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, impropia de un Jefe de Estado, superar la tragedia”.
También mencionó que los resultados de la investigación muestran graves sospechas de colusión entre dependencias federales del Estado mexicano y los presuntos criminales. Por ello exhortó a Peña Nieto a reiniciar la investigación.
Fue entonces cuando Miranda Nava, quien en 2014 era subsecretario de Gobernación y posteriormente secretario de Desarrollo Social, reveló que ya había acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador para el nombramiento del fiscal general.
Miranda Nava también contó que tres días después de los hechos acudió a Iguala, donde “platiqué directamente con los involucrados y ellos señalaron a la policía municipal de Iguala como los autores del crimen”.
Además señaló con claridad: “El gobernador del estado, Ángel Aguirre, sabía perfectamente lo que sucedía entre grupos delincuenciales en la entidad. El 26 de septiembre solo fue el continuismo de una guerra por plazas y trasiegos de droga.
“Asimismo, como un lugar donde impera el caciquismo, el presidente municipal de Iguala encabezó con su policía y ésta disparó a estudiantes. Asimismo, los detuvo. Y es un hecho ineludible e incontrovertible”.
(Con información de Proceso)
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