Cuando fue titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla difamó impunemente a académicos, instituciones y medios, debido a que no pudo fundamentar sus acusaciones y después la Secretaría de la Función Pública (SFP) se negó a sancionarla.
Este martes Proceso publicó el reportaje “Mintió Álvarez-Buylla contra el CIDE en la ‘mañanera’ y archivan el caso”, de Sara Pantoja, en el que se da cuenta de las graves acusaciones que esa funcionaria vertió contra funcionarios y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de intelectuales, organizaciones y medios de comunicación, de las que nos presentó ninguna evidencia.
Fue el 3 de mayo de 2023 cuando Álvarez-Buylla se presentó en el escenario de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde alternó con Ana Elizabeth García Vilchis y su sección. Y la bióloga no sólo no desentonó en ese ámbito, sino más bien complementó a la perfección.
Allí Álvarez-Buylla acusó que en las administraciones anteriores recursos “del pueblo de México” habían sido desviados no sólo “a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos”. Y procedió a presentar lo que llamó “una pequeña radiografía de las redes” en el CIDE para desviar sus funciones.
Entonces en una pantalla fue presentado un cuadro con las supuestas redes: en el centro, Sergio Pérez Ayllón, director general del CIDE entre 2013 y 2021; de allí la supuesta red tejida por la bióloga se extendía a la UNAM, a la Universidad de Guadalajara, al Instituto Nacional Electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al INAI y al Tecnológico de Monterrey.
La red tendida por Álvarez-Buylla y su equipo también se extendía a Reforma, El Universal, Excélsior, Nexos, Animal Político y El Financiero, así como a organizaciones como México Evalúa, la Red ProCiencia y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad.
Entre los personajes que involucraba la red pergeñada por Álvarez-Buylla estaban María Amparo Casar, Lorenzo Córdova, Mauricio Merino, José Ramón Cossío Díaz, Enrique Cabrero, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Norma Julieta del Río, entre otros.
Y Álvarez-Buylla acusó que, después de las transferencias, México bajo 16 lugares a nivel global en innovación.
El reportaje indica que una persona solicitó al CIDE, a la Presidencia de la República y al Conahcyt la información vinculada con la denuncia presentada por Álvarez-Buylla en la conferencia de prensa presidencial. La primera institución respondió que no existía esa información, la segunda que no era de su competencia y la tercera que no la localizó.
Pero el solicitante pidió una revisión al INAI, que ordenó al Conahcyt buscar la información o declararla inexistente. Sin consultar a la oficina de Álvarez-Buylla ni al Jurídico de la institución, insistió en que poseía el expediente y ni siquiera conocimiento de su elaboración.
A una nueva insistencia del INAI, al Comité de Transparencia del Conahcyt no le quedó más remedio que declarar que la información correspondiente a la denuncia de Álvarez-Buylla es inexistente.
Ante la falta de fundamento de la denuncia de Álvarez-Buylla, lo que la convierte en una difamación que ha afectado a las personas e instituciones que refirió, el solicitante de la información presentó una denuncia contra ella en la SFP por abuso de funciones y faltas administrativas atribuibles a servidores públicos adscritos al Conahcyt. Alegó que la funcionaria había incurrido en la violación de la Constitución, dos códigos y cinco leyes.
Entre los principales puntos de la denuncia estaban que Álvarez-Buylla no documentó el ejercicio de sus actos de autoridad, haber dado tratamiento a datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y de haber actuado con dolo y negligencia.
En abril de 2024 la SFP decidió archivar el expediente contra Álvarez-Buylla, para lo cual arguyó que no encontró elementos suficientes para atribuirle alguna irregularidad, y lo dio por “definitivamente concluido”.
Sin embargo, están pendientes tanto un amparo al respecto como una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por la recientemente reelegida Rosario Piedra Ibarra.
