Después de que una diputada federal de Morena presentara una iniciativa para limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de ella y afirmó que no es momento de presentar una reforma constitucional referente al Poder Judicial, pero no rechazó su contenido.
Apenas el pasado martes apareció en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de la diputada morenista Reyna Celeste Ascensio Ortega para reformar el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, por la que la SCJN no sólo pueda declarar la invalidez sino hasta hacer interpretación de normas constitucionales.
Ello se derivó la discusión de la prisión preventiva oficiosa llevada a cabo por el Pleno de la SCJN en las semanas recientes. Debido a ello, la diputada señala en la exposición de motivos que busca “limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que este tribunal puede “caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”.
Cuestionado al respecto este jueves en su conferencia de prensa, López Obrador dijo que su gobierno no promueve ninguna iniciativa sobre el tema, pero que “seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo, porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas”.
E, ignorante de que la iniciativa de Ascencio Ortega es sobre una ley, el presidente dijo que por lo que corresponde al Poder Ejecutivo “no se ha presentado ninguna iniciativa de reforma a la Constitución con ese propósito”.
“En este caso una iniciativa para restarle facultades al Poder Judicial no se está promoviendo por el Ejecutivo, para que quede claro”, insistió.
Pero, preguntado acerca de su opinión de la iniciativa, rehuyó el tema: “Pienso que no estamos en condiciones como para llevar a cabo ninguna reforma que tenga que ver con el Poder Judicial. Me refiero a una reforma constitucional”.
Una vez más: lo que promueve Ascencio Ortega es una reforma legal, no constitucional (y sobre el tema, varios abogados ya la han considerado absurda), y lo interesante es que aunque el presidente López Obrador se deslindó de ella, no se manifestó en contra.
