El coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió al Gobierno federal romper el “pacto de impunidad” que —afirmó— existe con el crimen organizado, y procesar a funcionarios de alto nivel, incluyendo gobernadoras y gobernadores, donde haya evidencia de vínculos con actividades delictivas.
Anaya hizo un llamado específico en torno al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos retiró la visa. El panista solicitó que se transparente la razón detrás de dicha decisión.
“Exigimos transparencia. Queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Se tiene que transparentar y esa es nuestra primera exigencia”, declaró.
El ex candidato presidencial también ligó el caso de la mandataria estatal con la entrega voluntaria de 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán al gobierno de Estados Unidos, sugiriendo que ambos hechos son muestra de los presuntos acuerdos entre la administración federal y grupos criminales.
“¿Por qué nos tenemos que enterar de la información gracias a otro país? Porque no hay duda, ‘Los Chapitos’ van a ‘cantar’ y nos vamos a enterar de muchas cosas porque el Gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada”, afirmó. “Debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando”.
Por otro lado, Anaya alertó sobre la posible aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por Morena, a la que calificó como “una ley de censura” y advirtió que viola el capítulo 18 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), específicamente los artículos 56, 57 y 58.
“Están por aprobar una ley que viola de manera flagrante el Tratado de Libre Comercio y lo que va a provocar es darle una enorme ventaja a nuestra contraparte estadounidense”, expresó. “Parece una enorme torpeza, previo a una negociación, darle municiones al adversario”.
El legislador panista aseguró que dicha legislación permite al gobierno federal bloquear plataformas digitales, bajar páginas de internet, suspender transmisiones, geolocalizar a ciudadanos y acceder a datos personales sin orden judicial.
“¿En serio queremos vivir en un país donde el gobierno pueda acceder al email de los ciudadanos sin orden judicial, y en donde ya acabaron con el INAI?”, cuestionó. “El gobierno ha comprado software espía para instalarlo en los teléfonos de los ciudadanos. Esta ley no se puede aprobar mientras viole el T-MEC y concentre en una sola persona estas facultades”.
Anaya reiteró que la iniciativa no debe avanzar sin un amplio consenso, por las implicaciones que tiene en derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.
