La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) pidió al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito que dictamine a favor del exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles.
En un oficio dirigido al órgano del Poder Judicial de la Federación, la CEDH argumenta que el contexto en el que surgieron las policías rurales es suficiente para determinar la inocencia de Mireles Valverde.
La Comisión refirió en el documento (que se presenta previo a una apelación que hará la defensa) que tenerlo preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, es sólo un “capricho” de las autoridades.
El organismo expuso que el origen de las autodefensas se encuentra en la ineficacia de las autoridades para detener al crimen organizado y en la necesidad de los pobladores de defenderse de las agresiones de los integrantes de los cárteles.
Resaltó que si bien Mireles pudo haber cometido el delito que le imputan (portación ilegal de armas) hay dos elementos que lo eximirían: el acuerdo firmado con el comisionado de Seguridad designado en ese entonces, Alfredo Castillo, el cual habría sido “malinterpretado” por el líder de las autodefensas, y las posibles represalias en contra del doctor (por lo cual siempre tendría que ir armado si no se le brindó la protección necesaria).
“Acudimos ante este tribunal de alzada para que sean analizadas las causas excluyentes de incriminación, pues si el apelante portaba arma de fuego, es evidente que la usaba para salvar su propia vida y la de otros porque en cualquier momento podía encontrarse con criminales que querían privarlo de la vida”, se lee en el documento difundido por El Universal.
“Aunado al hecho de que Mireles pensó que su conducta estaba justificada y dentro del marco de la ley, luego de que la Sedena y la Comisión para la Seguridad realizaron el registro de armas, lo que ocasionó que no sólo Mireles Valverde (quien es médico partero, no licenciado) pensara que las autodefensas podían portar armas”.
Apenas hace unas semanas, el gobierno federal rechazó la solicitud del exlíder de las autodefensas para que fuera trasladado a un penal de Michoacán, arguyendo que es "un peligro inminente".
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