La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Rosario Piedra Ibarra otorgó contratos millonarios a empresas presumiblemente “fantasmas” mediante el esquema de adjudicación directa y sin contar con los dictámenes técnicos que los justificaran.
En 2020, la institución celebró contratos por más de 14 millones de pesos justo la tarde del 24 de diciembre para la presunta realización de tres estudios, mismos que fueron entregados y pagados de forma expedita a una sola empresa y otro para el otorgamiento de supuestos servicios de telecomunicaciones con vigencia hasta el año 2026, cuando Piedra Ibarrá ya no será más titular del organismo.
De acuerdo con una investigación realizada por Milenio, aquella tarde, ya en periodo de asueto, se reunieron Armando Morales Loya, quien se desempeñaba como oficial mayor; Óscar Santiago Durán, entoces director de almacenes; Laura Mendoza Molina, directora de planeación; Luciana Montaño, coordinadora del área jurídica; Cecilia Velazco Aguirre, directora de lo contencioso; y Francisco Estrada Correa, el secretario ejecutivo de la CNDH para celebrar la firma de los convenios.
Esa misma fecha, sin explicar razones, Estrada Correa presentó su renuncia a la titular de la CNDH pero ella no aceptó.
En esa ocasión se firmaron cuatro contratos por más de 14 millones de pesos, tres de ellos adjudicaros a la empresa Moresy y Asociados, por más de 12 millones de pesos. El primero, por 4 millones 48 mil 400 pesos para la “elaboración de una propuesta de armonización normativa de materia de derechos humanos de los bandos de policía y buen gobierno municipales”.
El segundo, por 6 millones 983 mil 200 pesos para la “elaboración del seguimiento a la armonización normativa de los DDHH en materia de derechos de las personas mayores, protección contra tortura y otros tratos o penas crueles, derechos de las personas migrantes, derechos de los pueblos indígenas, etc.”
Y el tercero, por 1 millón 960 mil 400 pesos para el “estudio para el seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos en el tema: derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Dada la aún inexplicable urgencia de celebrar dichos contratos y adjudicarlos antes de que concluyera el ejercicio fiscal del 2020, la requisición de los mismos se realizó tan sólo un día antes, el 23 de diciembre de 2020, pero para entonces la empresa ya había presentado la propuesta dos días antes. Es decir, antes de que el servicio fuera requerido por la CNDH ya había decidido a quién contratarían y por cuánto.
La empresa entregó algunos documentos cinco días después de la firma del contrato, el 29 de diciembre, y la CNDH hizo el pagó el 4 de enero de 2021, sin que exista evidencia y/o entregables de los estudios supuestamente elaborados, y sin los dictámenes técnicos que justificaran su contratación.
Según la investigación de Milenio, la empresa Moresy y Asociados no cuenta con información en el Registro Público de Comercio, aunque sí tiene una página web en la que sus supuestos empleados son en realidad imágenes de stock, que se adquieren en línea.
En la página se asegura que la empresa está especializada en contabilidad, diseño de interiores, valuación de empresas y optimización fiscal, es decir, nada relacionado con derechos humanos. Su domicilio es un despacho dentro del edificio con el número 202 de la calle Guanajuato en la colonia Roma, donde nadie responde.
Los tres estudios contratados a la empresa Moresy y Asociados no fueron los únicos firmados aquella tarde de Nochebuena. También se firmó el contrato para un “estudio de elaboración de estándares de derechos humanos” por 1 millón 145 mil 964 pesos a una empresa desconocida, cuya factura se pagó en los últimos minutos del año 2020, el 31 de diciembre.
Además de los estudios contratados ese 24 de diciembre, se firmó un contrato millonario de servicios de telecomunicaciones con la empresa Bestel, cuya razón social es Operbes S.A. de C.V., por un monto abierto mínimo de 65 millones 995 mil 177 pesos y máximo de 164 millones 987 mil 944 pesos.
Aunque el contrato en sí no presenta irregularidad alguna, el servicio contratado se requirió hasta abril del siguiente año y sobrepasa la administración actual de Rosario Piedra en la CNDH, pues tiene una duración de 60 meses, es decir, su vigencia termina en abril del 2026.
El 30 de diciembre se otorgó un contrato por 5 millones 916 mil pesos a Brisk Asesores para la elaboración del “estudio para el desarrollo de indicadores multitemáticos de derechos humanos”. La factura está fechada dos días antes de que el contrato se firmara. Es decir, la empresa ya sabía que la contratarían, pues elaboró el comprobante fiscal antes de que se le contratara.
De Brisk Asesores no existe información en el Registro Público de Comercio, ni se encontró página de internet relacionada o evidencia de que se desempeñe como una empresa para la elaboración de estudios como por los que la CNDH le pagó millones.
