En un giro inesperado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la llamada Ley Censura, recientemente aprobada por el Congreso de Puebla y sugirió que, sin menoscabo de la soberanía de la entidad a definir sus leyes, se revise esta normatividad, especialmente en lo relacionado con la tipificación del delito de ciberasedio, la cual calificó como ambigua.
En un comunicado, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, reconoció la necesidad de que se tomen medidas para prevenir y sancionar los delitos digitales, sin embargo, la redacción de la adición al Artículo 480 del Código Penal donde se define el ciberasedio, es confusa y pude dar lugar restricciones indebidas a la libertad de expresión, especialmente a opiniones críticas.
“Este precepto penal impone sanciones de prisión de hasta tres años de cárcel y multa de hasta 300 días del valor diario de la Unidad de Medida a quien, a través de medios digitales, redes sociales o cualquier espacio virtual ‘insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional’ que, además de su falta de claridad puede, potencialmente prestarse a un uso contrario al que se busca”, se lee en el boletín.
“La falta de claridad puede prestarse a un uso contrario al que se busca”, señaló la CNDH, y llamó a las autoridades poblanas a revisar las reformas para evitar que el derecho penal se utilice como mecanismo indirecto de censura o inhibición de la crítica
“Así como no es válido el uso de la mentira y la calumnia como forma normalizada para ejercer el periodismo, el derecho penal no debe utilizarse como medio para castigar el disenso, la crítica o el ejercicio libre de la palabra como lo establece el Artículo 6º constitucional”, señala el comunicado.
El posicionamiento de la CNDH se suma a los emitidos por ONG como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, e incluso por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los cuales fueron desestimados por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien en días pasados arremetió contra la ONU por no reconocer sus logros.
Sorprende a propios y extraños el pronunciamiento de la CNDH contra la “Ley Censura” de Puebla, ya que durante toda la gestión de Rosario Piedra ha sido señalada por respaldar al régimen y guardar silencio —cuando no aplaudir— ante los embates de AMLO contra la prensa, periodistas críticos y defensores de derechos humanos.
arg
