jueves 13 junio 2024

Córdova: Plan B pone en riesgo instalación de casillas y podría provocar nulidad de elecciones

por etcétera

La reforma electoral conocida como Plan B no sólo pone en riesgo las condiciones de la competencia política, sino hasta la instalación de las casillas, cuya falta incluso llevaría a la nulidad de las elecciones, aclaró Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su participación en el acto “Retos y desafíos de las autoridades electorales”, organizado por la Universidad de Monterrey, en donde compartió sesión con Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Córdova se refirió al Plan B, reforma de la que dijo que no era “indispensable”, pero no sólo ello, sino que hasta “pone en riesgo que haya casillas el próximo año”.

Al respecto, Córdova añadió que se trata de una reforma que pone en riesgo ya no sólo las condiciones de la competencia electoral, “sino incluso que se puedan hacer elecciones como las conocemos: pone en riesgo que haya casillas, que se instalen todas las casillas en los procesos electorales por venir; pone en riesgo que las casillas estén en donde deben de estar; pone en riesgo que las casillas estén integradas por los ciudadanos que deben integrarlas, y pone en riesgo, en consecuencia, que sean ciudadanos capacitados y, por ende, que los votos se cuenten bien y las actas se llenen bien”.

Agregó al respecto: “Es más: como es una reforma que abre la puerta a que no haya casillas, y si no hay casillas suficientes estamos ante una causal de nulidad mandatada por la propia legislación. Si no se instala el 20 por ciento de las casillas de una elección, hay nulidad de la elección; si no se instala el 20 por ciento de las casillas de la elección presidencial, hay nulidad de la elección”.

También dijo que, en caso de que pase la reforma, se tendrá que despedir a cerca de 6 mil trabajadores del INE, y para liquidarlos se requieren 6 mil 500 millones de pesos, lo que “deja al INE sin capacidad operativa no sólo porque la mitad de la gente se le va, los que saben hacer elecciones se van. Al final del día va a acabar siendo un recorte no determinado por la Cámara sino impuesto por la vía del cambio de la reforma. Así que la situación es muy grave”.

Córdova señaló lo que denominó, eufemísticamente, “paradoja”: que quienes hace 15 años reclamaban desde la oposición (el presidente y su partido) que los gobernantes intervinieran en los procesos electorales, en las elecciones del año pasado no hayan respetado eso: “Esto ya lo resolvió la Sala Superior: en el 80 por ciento de las mañaneras que se dieron durante las campañas electorales de esos estados se violó la Constitución. El INE lo había anticipado, el Tribunal lo validó y, al final, la última palabra no es porque el Tribunal esté sesgado, sino es porque se violó la Constitución, que prohíbe a los gobernantes entrometerse en las elecciones”.

Agregó: “Estas reglas, que hoy parecería que son absurdas, prohibitivas y qué sé yo, fueron demandadas por quien hoy nos gobierna, por el partido que hoy nos gobierna cuando eran oposición. Es decir, cuando son oposición piden cancha pareja y que nadie abuse del poder, y hoy parece que eso molesta una vez que llegaron al poder”.

Explicó ese mecanismo: “Me da la impresión de que es algo así como que es algo que no se vale: construir elecciones ciertas y confiables es como construir una escalera cada vez más franca, cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más segura, para que quien tenga los votos pueda subir al primer piso. No se vale que, una vez que estás en el primer piso, dinamites la escalera para que nadie más pueda subir”.

También se refirió al fracaso político que implica el Plan B: “Vamos a tener la primera reforma que va a ser resultado de las impugnaciones. Se abandonó, se traicionó el oficio político; se renunció a hacer política, a construir consensos, a construir acuerdos, y hoy me temo que, como sociedad, vamos a pagar las consecuencias. ¿Qué nos queda? Defender lo que tenemos y recurrir a los mecanismos jurídicos pero, sobre todo, asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro”.

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