De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se incrementó en 34.9% el presupuesto destinado a compras gubernamentales por adjudicación directa, con respecto al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el documento titulado “Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente”, se indica que de una revisión de todos los contratos disponibles en la plataforma Compranet, se desprende que en el primer año de la presente administración se destinó un monto de 323 mil 782 millones de pesos para compras gubernamentales; de este total, 125 mil 951.2 millones se destinaron a contratos por adjudicación directa, esto es 38.9%.
El informe consultado por Reforma, advierte que el abuso en las adjudicaciones directas, implica un riesgo de corrupción, toda vez que al no existir criterios claros para la selección de los contratistas e inhibir la competencia, se da la pauta para los conflictos de interés e incluso, la celebración de acuerdos ilícitos.
“La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia, ya que este tipo de procesos permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar, mediante un concurso, que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado”, se lee en el reporte.
Del total de recursos destinados en compras durante 2019, únicamente 46.1% se ejerció mediante licitaciones, cifra que representa una disminución de 11 puntos porcentuales respecto a 2018, cuando la proporción fue de 57.7%. Asimismo se indica que ni en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el porcentaje licitaciones alcanzó un nivel tan bajo.
Aun cuando el IMCO reconoce que de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las adjudicaciones directas pueden reducir los costos administrativos, no siempre se puede asegurar que el gobierno esté comprando en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
Además, de acuerdo con el marco legal vigente, debe existir una justificación cuando no se opta por la licitación pública. Sin embargo, en los contratos revisados se encontró que en la mayoría de los casos, estos documentos no son subidos a Compranet, por lo que no pueden conocerse las razones por las cuales se recurrió a la figura de la adjudicación directa. De igual manera, un número relevante de compras gubernamentales no se registran en Compranet, por lo que la cifra de adjudicaciones directas podría ser aún mayor.
Otro elemento encontrado en el análisis del IMCO es que las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019 acumularon 41% de los recursos, mientras que el sexenio de Enrique Peña Nieto este porcentaje no pasó 22%.
Para el organismo, es fundamental fomentar la libre competencia en las compras públicas, ya que ualquier acción que limite la participación de empresas en alguna compra, representaría un riesgo de corrupción. Consideró que México debe contar con un sistema que favorezca la competencia, la eficiencia y la transparencia.
Para tal efecto, sugirió, entre otras medidas, reducir y limitar los motivos por los cuales es posible exceptuar una licitación pública; generar y publicar de manera oportuna en Compranet los documentos que detallan y justifican una adjudicación directa y modernizar la plataforma de Compranet para que el Gobierno aproveche los datos para detectar riesgos de corrupción y habilitar un sitio para presentar denuncias por posibles irregularidades.
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