El 28 de noviembre, dos días antes que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, la todavía Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, exoneró al excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés por el presunto delito de lavado de dinero que se le imputó desde antes de que dieran inicio las campañas del Proceso Electoral 2018.
De acuerdo con el expediente del caso, consultado por el periódico Reforma, firmado por el entonces subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Salas, no se encontraron elementos que permitieran acreditar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni siquiera de manera circunstancial.
Más aún, en el documento se asienta expresamente que el origen de los recursos involucrados en los movimientos financieros motivo de las indagatorias, es lícito y proviene de la actividad empresarial inmobiliaria y crédito solicitado por quien fuera el abanderado de la Coalición Por México Al Frente a la Presidencia de la República.
“Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que éstos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”, indica.
El 21 de febrero, en el contexto de las campañas electorales, la PGR oficializó el inicio de una investigación en contra de Anaya Cortés y adujo que desde el 26 de octubre de 2017 había recibido denuncias en contra del político queretano por presunto lavado de dinero en la operación de compraventa de una nave industrial en la que también estaba involucrado el empresario Manuel Barreiro.
A lo largo de la campaña electoral, el candidato presidencial y la coalición que lo postuló responsabilizaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de utilizar a la PGR con fines políticos para intentar sacarlo de la competencia electoral.
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