Con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la turnó al Ejecutivo federal para efectos constitucionales de promulgación.
Por la vía fast-track y sin debate de por medio, los legisladores dieron su aval a la minuta enviada por el Senado, con modificaciones en algunos de sus artículos, para regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país. La sesión duró apenas una hora y únicamente hubo lugar para un solo posicionamiento por partido.
Legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y algunos del PAN, abandonaron el recinto como un último recurso para que no hubiera el quórum necesario para la aprobación del proyecto, pero no tuvieron éxito y finalmente éste reunión los votos requeridos.
A pesar de la oposición de diversas organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y organismos internacionales, el Senado aprobó la madrugada de este viernes la Ley de Seguridad Interior, tras varias horas de discusión en el pleno. La votación final fue de 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones
Entre otras disposiciones, la ley establece que el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de las fuerzas armadas en las entidades federativas, dentro de las 72 horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud respectiva por parte de los gobiernos locales.
Se precisa que las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución, sólo podrán intervenir mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para enfrentar eventos que amenacen la seguridad de las personas. Deberá notificar de ello, por medio de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Respecto a las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente, se indica que bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser objeto de una declaratoria en los términos ya referidos.
Senadores de oposición anunciaron que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(Con información de Reforma, El Universal y Notimex)
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