El Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundada la “imposibilidad real, material y jurídica” para crear la Comisión de la Verdad ordenada por otro tribunal para reponer la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Con esto, el fallo del magistrado Sabino Pérez García da razón a la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias federales, sobre la imposibilidad de formular una nueva investigación, luego de que magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa al amparar presuntos integrantes de Guerreros Unidos, principales implicados en la desaparición de los normalistas la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según determinaron entonces, los presuntos criminales fueron torturados para obtener su declaración, por lo que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017”, notificó el miércoles el magistrado Pérez García.
El magistrado reconoció los argumentos del Ministerio Público como el único órgano facultado para realizar investigaciones y perseguir delitos, por lo que era imposible que los padres, apoyados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos internacionales, dirigieran una nueva pesquisa.
El fallo, sin embargo, no es definitivo. Puede ser impugnado durante los siguientes 15 días mediante recurso de inconformidad.
En caso de que alguno de los miembros de Guerreros Unidos que se ampararan, o familiares de las víctimas decidan impugnar la resolución, tocará a la Suprema Corte de Justicia resolver el asunto, de acuerdo con el artículo 203 de la Ley de Amparo.
Si bien los padres de los 43 normalistas, así como organizaciones civiles, reprobaron el fallo, no informaron si apelarán. “Los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, escribieron.
