jueves 13 junio 2024

INE: Plan B lesiona piezas clave del sistema electoral

por etcétera

Un análisis realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) acerca de las consecuencias del llamado Plan B señala que piezas clave del sistema electoral corren “el riesgo de verse lesionadas” si es aprobado, lo que afectaría la realización de comicios libres y auténticos.

El documento señala que en el proceso de aprobación del Plan B estuvo ausente la deliberación informada (ni siquiera el INE fue consultado al respecto) y también hubo carencia de un diagnóstico del modelo electoral vigente, por lo que los cambios propuestos “implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como manda la Constitución, libres y auténticas”.

En el análisis se detalla la forma en que las que llama “piezas clave del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano”, pueden resultar dañadas por la reforma. Así, por ejemplo, se plantea la eliminación de las 300 Juntas Distritales Electorales por una sola Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona.

Además, se amenazan importantes tareas relacionadas con el padrón electoral, la lista nominal de electores y la cartografía respectiva, lo que “compromete desde la base toda la planeación del trabajo del INE en la preparación y organización de las elecciones”, así como el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana, en los que los ciudadanos obtienen su credencial de elector.

Otro punto clave es que el Plan B establece la desaparición de vocales, tanto de los encargados de la capacitación de los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, lo que compromete la instalación y el funcionamiento correcto de las casillas, como de los de organización, que ubican dónde se pueden instalar y proveerlas de materiales.

Acerca de la estructura central del INE se señalan varias reformas que van contra los establecido en la Constitución: la supresión de la Junta General Ejecutivo y su sustitución por una Comisión de Administración, darle carácter de auxiliar al secretario ejecutivo y otorgarle facultades decisorias al Órgano Interno de Control.

Un asunto muy importante es una reducción del 84 por ciento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que sería “una franca afectación de los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente”. Además de que la liquidación de gran parte de su personal significaría una gran merma para las finanzas del INE, en su lugar de personal capacitado y con trayectoria, habría contrataciones temporales que no garantizan la preparación y profesionalismo que hasta hoy se han alcanzado.

El Plan B también retrasa el inicio del proceso electoral federal, con que dificulta la contratación de capacitadores y supervisores electorales, abrevia los tiempos para los procesos de selección internos de los partidos políticos y afecta el registro de sus representantes en las casillas.

En materia de propaganda gubernamental, el documento critica que sólo sea considerada como tal la que sea etiquetada como tal, aunque otros actos impliquen uso de recursos públicos, además de que los servidores públicos podrían intervenir en campañas, todo lo que contraviene lo marcado en la Constitución.

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